¿Reabrir mataderos municipales? La adecuación podría costar más de $6.000 millones

En diálogo con La W, el exdirector del Invima Julio Cesar Aldana aseguró que todas las plantas de sacrificio animal en el país deben dar una garantía en temas de salud pública. Explicó que el rigor sanitario con el que se habilitan estas plantas para su funcionamiento ha permitido que el esfuerzo del sector privado y ganadero del país se vea reflejado en que hoy las agencias sanitarias del mundo acepten el ingreso de productos cárnicos colombianos. “Este es un factor económico muy importante.”

Aldana también detalló que hoy en Colombia existe una lnorma sobre mataderos, el decreto 1.500 que define el Ministerio de Salud y lo ejecuta el Invima, “no se puede hablar de salud sino se habla de inocuidad de alimentos porque ese es un determinante en salud fundamental.”

“Amparados en esa norma, en Colombia existen plantas de beneficio que son para exportación, incluso hay un proyecto Pyme alrededor de eso, son plantas de funcionamiento nacional, es decir que pueden funcionar en todo el país. Y también existen plantas de beneficio que son eminentemente locales y solamente pueden comercializar la carne en su zona de influencia. Son 270 plantas, no existe ni un monopolio ni un oligopolio”, aclaró Aldana.

¿Cuánto puede costar la adecuación de un matadero en un municipio?

La construcción de una planta de beneficio es sumamente costosa, puede costar aproximadamente 6.000 millones de pesos; lo más costoso es la cadena de frío, y también hay que tener en cuenta el tema ambiental como el manejo de vertimientos de agua. A esto se suma que los territorios cumplan con el POT de cada región.

Estos costos son supremamente elevados para los ingresos que representan realmente el sacrificio animal. Que no haya un cierre financiero no puede llevar a las autoridades sanitarias a ser laxos y permisivos.

Adicionalmente, el alcalde de Pensilvania, Caldas, Jorge García explicó que en los municipios existen muchas dificultades para cumplir “la reglamentación exagerada que impone el Invima y el Ministerio de Salud, cuando nos cierran estos establecimientos lo que hacen es incentivar la ilegalidad y eso es peor para la salud de nuestros ciudadanos porque el precio es exagerado. A veces tenemos que llevar los animales para sacrificio a otros municipios durante más de 5 horas.”

Para García, el Gobierno Nacional debería reglamentar las plantas entendiendo la situación de los municipios pequeños, “no pueden reglamentar un gran frigorífico de una ciudad como si se reglamenta una planta donde se matan solo 20 animales. Esto lo que genera es una imposibilidad rehacer estas adecuaciones porque no contamos con los recursos, lo que hacen es generar ilegalidad y bajos precios en nuestros beneficios.”

García denuncia que desde el año 2019 se le han hecho inversiones a la planta de beneficio de la zona, más de 1.000 millones de pesos, pero cambian los funcionarios del Invima y llegan nuevos a cambiar todos los requisitos que ya existían. “Nosotros por más esfuerzos que hagamos no somos capaces de adecuarnos de acuerdo con los caprichos de funcionarios que están en Bogotá y no entienden las realidades de los municipios. Las exigencias del Invima son exageradas, los municipios no tenemos recursos para hacer frigoríficos con altas inversiones”.

Escuche la entrevista a continuación: