Emilio Tapia interpuso tutela contra Karen Abudinen
Señala que se le han vulnerado los derechos a la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar.
Emilio Tapia, contratista condenado por corrupto FOTO COLPRENSA
Emilio Tapia condenado por el ‘Carrusel de la Contratación’ y quien está siendo procesado por el escándalo de Centros Poblados y por los hechos de corrupción en Emcali, interpuso una acción de tutela contra la exministra de las Tics, Karen Abudinen, por el daño a su buen nombre y honra.
Ante un juzgado en Barranquilla (Atlántico), solicitó que se le amparen sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, imagen, intimidad persona al y familiar y prohibición de discriminación.
Le puede interesar
Según expresó la exministra ha manifestado en medios de comunicación y en sus redes sociales varias afirmaciones que han afectado su vida personal y familiar.
“CESAR De MANERA INMEDIATA y en lo sucesivo la publicación de notas, reportajes, editoriales, columnas, opiniones o similares en medios, portales o redes sociales como Twitter y otras, en mi contra y mi entorno familiar que afecte nuestros derechos fundamentales a la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar y prohibición de discriminación a mi nombre “, dice en los apartes de la tutela.
También señala que a través de la cuenta oficial de la exministra se han hecho fuertes cuestionamientos en su contra y que incluso lo ha calificado como “hampón”.
“Bajo el usuario @karenabudi ha difundido información falsa, tendenciosa, inverídica y parcializada en mi contra, relacionada con aspectos propios de mi intimidad personal y familiar que denotan, por demás, una clara manifestación de la violencia histórica y prejuicios estructurales de la sociedad que rechaza; y que, de contera, afecta mis derechos al buen nombre y honra, lo mismo que en entrevistas públicas a medios de comunicación difundidos ampliamente en el territorio nacional”, señala la tutela.
Tapia es considerado como el ‘cerebro’ del desfalco al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el que se generó un detrimento de $70.000 millones que se habían destinado para dotar de internet las zonas más apartadas del país.
Según la Fiscalía fue el artífice de los hechos de corrupción que rodearon el escándalo contrato entre la unión temporal Centros Poblados y MinTic.
