Eliminar delito de inasistencia alimentaria: ¿qué alcances jurídicos tendría?

El diálogo con La W, el abogado penalista Juan José Castro conversó acerca de la propuesta del Ministerio de Justicia de eliminar el delito de inasistencia alimentaria , la cual surge en el marco de una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro: fortalecer la justicia restaurativa.La propuesta fue planteada por el ministro Néstor Osuna ante la necesidad de bajar los altos índices de hacinamiento que se registran en las cárceles de Colombia. Por eso, explicó la necesidad de presentar una reforma al Congreso en la que se levante la pena de prisión a delitos menores y, en cambio, los condenados cumplan con medidas sustitutivas.Sobre una de esas penas a las que se ha referido el ministro Osuna, que es la inasistencia alimentaria de parte de los padres de familia e incluso de los hijos hacia los padres, el abogado Castro afirmó que ha sido un tema ampliamente discutido en diferentes escenarios académicos.Para el abogado Castro, es una iniciativa acertada pese a que considera que “ le falta un poquito más para lograr los efectos que quiere realizar”.Según explica, la propuesta plantea una alternatividad, que no es igual a la despenalización : “Lo que están diciendo es: vamos a hacer el proceso penal, a gastar todos los recursos del estado para saber si esta persona cometió el delito, pero si lo hallamos responsable, no lo vamos a mandar a la cárcel sino que vamos a hablar de otras penas distintas a la cárcel para eso”.En esa línea, Castro aseguró que, si realmente la finalidad es descongestionar las cárceles, también es necesario preguntarse cuántas son las personas condenadas por ese tipo de delitos y cuál es su impacto en el sistema carcelario.“Deberían ir más allá porque uno de los grandes problemas de la justicia hoy es que (el sistema) está colapsando : no está dando respuesta oportuna a las personas frente a los crímenes y a las situaciones que les pasan”, explicó el abogado.Por eso, agregó, la discusión debería despenalizar esta clase de situaciones para que ya no sean revisadas por fiscalías y juzgados penales, para que “volvieran al lugar donde deberían estar: el Derecho Civil , donde se tiene la posibilidad de decir que una persona no está cumpliendo con una obligación y se le interpone un ejecutivo de alimentos”.Castro explica que la situación más grave de hacinamiento hoy en día en el país está en las URI y estaciones de Policía : “Cuando el Congreso decide penalizar algo, esto impacta en el sistema de justicia en muchos puntos. No solamente en la cárcel, sino en la congestión que hay en la Fiscalía y las cárceles (…) tratan de mandar un mensaje de que la ley penal va a castigar, y ese mensaje fracasó porque tenemos muy altos niveles de impunidad ”.Escuche la entrevista al abogado penalista Juan José Castro en La W: