Emcali firmó contrato por $238 millones para cumplir propósito inviable

Colombia

Es difícil investigar la contratación de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Argumentando que se rige por el régimen privado, los convenios comerciales no aparecen en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop. Esto ayuda a que estén cubiertos por una conveniente opacidad.

Sin embargo, un amable corresponsal de El Reporte Coronell logró encontrar un llamativo contrato que había permanecido lejos de la vista pública.

Lo podríamos llamar “El contrato imposible”, porque le paga a un abogado una considerable suma para que cumpla un objeto legalmente irrealizable en un término impracticable.

Primero, les cuento quién es el beneficiario: se llama Hernando Morales Plaza y ha sido abogado personal del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. También del exgobernador Juan Carlos Abadía, pero, sobre todo, ha sido apoderado de Juan Diego Flórez quien, en su calidad de gerente de Emcali, firma el contrato del que vamos a hablar.

El valor es de 238 millones de pesos y tiene un objeto de cumplimiento legalmente imposible: “Asumir la representación judicial de Emcali en los procesos penales en contra de los consorcios clarificación Puerto Mallarino y renovación Puerto Mallarino, al igual que la asesoría en asuntos penales que requiera la entidad”.

La ley colombiana establece que las personas jurídicas no pueden ser objeto de acción penal. Es decir, los consorcios mencionados en este contrato no pueden ser denunciados penalmente, entre otras cosas porque es imposible mandar a una empresa a la cárcel.

Un juez no puede decir: “El consorcio fulano está condenado a 48 meses de prisión”.

La responsabilidad penal en Colombia solo puede ser asumida por personas naturales. De ahí que contratar al abogado Morales para denunciar penalmente a consorcios significa contratarlo para algo que no puede hacer.

El contrato, que ustedes pueden ver a continuación, además, fija un plazo de ejecución inviable.

Fue suscrito el 13 de octubre del año pasado y establecía como plazo el 31 de diciembre de 2021. En 2 meses y 18 días, el abogado Morales debería ampliar y reformular las denuncias, llevar la representación de Emcali en todas las etapas judiciales, preparar el material probatorio y cumplir casi 30 funciones explicadas de la A a la Y en el convenio.

En esos 2 meses y 18 días el contratista debería lograr algo que es impracticable por los términos que fija el Código de Procedimiento Penal.

De esta manera lograron la irregularidad perfecta: el contrato tienen como objeto una actuación legal de imposible cumplimiento para ser ejecutada en un plazo jurídicamente irrealizable.

El beneficiario de la bonita suma, en cambio, ha entablado procesos penales por injuria y calumnia contra personas que se han atrevido a denunciar la corrupción en las Empresas Municipales de Cali, Emcali, actuando en calidad de apoderado del exgobernador Juan Carlos Abadía.