Juzgado ordena arresto contra tres funcionarios de la Alcaldía de Pereira

Un fallo del Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira emitió una orden de seis dias de arresto más una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes contra el secretario de infraestructura, Juan Carlos Restrepo, el director de la DIGER, Alexander Galindo, y el alcalde la ciudad, Carlos Maya, por el presunto desacato a la sentencia de una tutela fallada el pasado 9 de noviembre de 2021 y posteriormente confirmada el 17 de enero de este 2022.

Dicha tutela fue interpuesta por un habitante del barrio Rocío Bajo en la que solicitaba que se hicieran labores de mitigación del riesgo y construcción de un gavión para evitar una emergencia con las viviendas de esa zona que se encuentran a la orilla del río Consota.

El fallo de esta tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenaba: “procedan a la restauración de los gaviones en el sector del barrio Rocío Bajo Casa 135 y así evitar futuras tragedias en las viviendas que están en la orilla de esa zona del río Consota, asimismo a realizar una Inspección a la tubería de alcantarillado expuesto y reponer, restaurar o construir la ya perdida, y a realizar un plan de contingencia para evitar futuros daños y prevenir desastres”. 

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El demandante instauró una medida de desacato, pues indicó que dichas labores no se realizaron, por lo que el Juzgado Tercero Penal emitió esta nueva orden.

En respuesta, la secretaria jurídica (e) de Pereira, Claudia Andrea García, indicó que se realizarán los procesos técnicos y jurídicos correspondientes para demostrar que sí se estaba dando cumplimiento a dicha orden.

Por su parte, el director de la DIGER, Alexander Galindo, respondió que sí se le dio trámite a dicha orden desde su primer fallo y que se realizaron las mesas técnicas correspondientes en las que se se determinó que el riesgo en dicha zona no es mitigable y que se debe hacer un proceso de relocalización de las familias habitantes del Rocío Bajo.

Expresó también que al denunciante en constantes ocasiones se le han brindado alternativas como el subsidio de arrendamiento para que desaloje la vivienda por el riesgo en el que se encuentra y que dichas opciones brindadas por la administración municipal, han sido rechazadas.

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Lo que indica el ciudadano demandante, Johanny Arenas Colorado, es que no se realizaron las obras ordenadas por el juzgado y que el riesgo en las viviendas persiste por la temporada de lluvias, además, que fue bastante tardía la respuesta a este recurso, pues ha pasado casi un año.

El paso siguiente es esperar una nueva respuesta o fallo del juzgado ante las evidencias que entreguen las entidades directamente relacionadas, la Secretaría de Infraestructura, el despacho de la Alcaldía y la Dirección de Gestión del Riesgo, para conocer si se hará efectiva dicha orden de arresto contra los funcionarios.