Tendrán que pagar: comandante de FF.MM. tras captura de militares por venta de armas
Según la Fiscalía, se determinó que militares activos y retirados aprovechaban sus cargos para vender armamento al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Helder Fernán Giraldo, Comandante de las Fuerzas Militares. (Colprensa-Mariano Vimos) / Mariano Vimos
Tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación que permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de las fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, respondió y señaló que continúan las investigaciones por parte de las autoridades.
Según la Fiscalía, entre los procesados hay personal activo y exintegrantes del Ejército Nacional que desempeñaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica.
Lea también en La W:
“Estamos muy atentos de esta investigación, estamos contribuyendo con ella, aquellos que tengan que ver tendrán que pagar a la justicia por sus errores, estamos pendientes de esos informes de las Fiscalía, internamente nosotros también estamos llevando nuestras investigaciones,” agregó el oficial.
Al parecer, dice la investigación, las personas capturadas aprovecharon sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres; y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales.
Por eso, el comandante de las Fuerzas Militares dijo: “una de las premisas nuestras es siempre mantener la integridad institucional y todas estas personas que estén en contra de las leyes y los principios de nuestra institución tendrán que pagar”.
La Fiscalía ha dado a conocer que entre los detenidos por estos hechos, “está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia. Los elementos de prueba indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala”.
También está el soldado profesional retirado Pedro Javier Ciro Restrepo, que habría desertado de las fuerzas militares luego de enterarse que era investigado. En el procedimiento de captura presentó una cédula con una identificación que no le correspondía.
Los demás señalados involucrados son:
- Sargento segundo Julián Bernardo Pinilla Agredo.
- Soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz.
- Ubeimar Escobar Muñoz, presunto intermediario.
- Jorge Alfonso Betancur Sánchez, quien sería uno de los transportadores de las armas y la munición.
- María Isabel Díaz Romero, propietaria de un establecimiento de comercio en Medellín, Antioquia, que habría sido utilizado para almacenar las armas, accesorios y cartuchos obtenidos de los fuertes militares.