Procuraduría inhabilita por 10 años a exgobernador Gossaín por ‘cartel de hemofilia’
La sanción al exgobernador Juan Carlos Gossaín es por haber avalado el pago de más de $16 mil millones a dos IPS con las que no había contratos.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, por permitir el pago de más de $16 mil millones a dos IPS por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas.
Se trata de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral.
Lo que estableció el ente de control es que el monto que autorizó pagar Gossaín Rognini “obedeció a la prestación de servicios de salud por medio de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, con lo que omitió el cumplimiento de la normativa que regula la obligatoriedad de contratar Empresas Sociales del Estado, ESE, para la atención de pacientes”.
En el fallo de primera instancia del Ministerio Público se establece que “el disciplinable no ejerció la debida función de vigilancia y control frente a las funciones delegadas y avaló el pago de $16.019.388.888 por concepto de procedimientos médicos que no cumplían los parámetros señalados por el Consejo de Estado, requeridos parta la prestación de los servicios de salud”.
La falta de Gossaín fue calificada de forma definitiva como “gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
Esta decisión de inhabilidad por 10 años cobija también a la secretaria de salud titular, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a la encargada, Bertha María Pérez López; por 12 años a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez; y sanción de suspensión por cuatro meses a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la precitada Gobernación.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Servidores de Elección Popular.
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Lo que dice Gossaín
El primero en confirma esta sanción de la Procuraduría fue el mismo Gossaín, quien desde sus redes sociales posteo un texto que tituló crónica de una infamia. Según indicó, esta decisión la tomó el Ministerio Público basándose en un fallo de la Contraloría de 2019.
“La factura por la que me sancionan fue pagada en noviembre de 2012, tres meses después que a la Secretaría de salud de Bolívar le levantaran la intervención que sobre ella tenía la Superintendencia de Salud. La misma entidad que dejó revisada y auditada la factura que yo terminé firmando para ser pagada, la misma entidad que durante cuatro años anteriores pagó facturas o resoluciones similares sin que hasta fecha de hoy se le hubiese señalado por irregularidades”, compartió.
Y cerró su mensaje así “En conclusión: No hubo robo ni corrupción, pero sí lo necesario para crear un escándalo cuyo propósito, dirigido tras bambalinas, consistió en señalarme y desplazarme de la vida pública”.