Judicial

No hay certeza del número de los bienes de la mafia en la SAE: Procuraduría

La Procuraduría realizó inspección disciplinaria en la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales, para esclarecer posibles irregularidades en la administración de los bienes de la mafia en el país.

Procuraduría. Foto: Colprensa.

La Procuraduría realizó inspección disciplinaria en la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales, para esclarecer posibles irregularidades en la administración de los bienes de la mafia en el país.

El ente de control también abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la entidad, con el fin de identificar posibles autores y su responsabilidad disciplinaria.

La inspección que se llevó a cabo en Bogotá contó con un equipo técnico-científico e interdisciplinario, con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.

En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:

Lea también:

  • No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
  • No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.
  • No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.
  • Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.
  • Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.

Con estas acciones, la Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.