Fiscalía imputó cargos a 3 de sus funcionarios por ‘cártel de vehículos blindados’
Al parecer habrían direccionado contratos para beneficiar al empresario Martín Ricardo Manjarrés.
Bogotá, 22 de noviembre de 2018. Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera
La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a tres de sus funcionarios, por su presunta participación en el denominado ‘cartel de vehículos blindados’.
Según la investigación los tres funcionarios al aparecer suministraron información reservada al empresario Martín Ricardo Manjarrés, con el objetivo de beneficiarlo de la contratación dentro del escándalo de corrupción de los vehículos blindados o de seguridad.
En la diligencia que se realizó este martes, la delegada de la Fiscalía les imputó cargos al jefe de transporte de la Fiscalía Jhon Henry Porras Quitián; Harold Rodríguez, ingeniero mecánico encargado de realizar las especificaciones técnicas de los vehículos a adquirir; y Luis Lizarazo, quien ahora hace parte de la dirección Seccional de Bogotá.
Lea más en La W
“El jefe de transporte, Jhon Henry Porras Quitián, Harold Rodríguez y Luis Lizarazo, quienes les proporcionaban la información referente a los estudios previos y las fichas técnicas incluso antes de ser publicadas con el propósito de beneficiarlos con las operaciones de venta en referente a las contrataciones por medio de la bolsa”, señaló la Fiscalía.
Al mismo tiempo, se advierte que supuestamente entregaban información clave sobre la contratación al empresario Manjarrés, con el objetivo de que se viera beneficiado de la convocatoria para la adquisición de los vehículos blindados.
También le habrían entregado los datos de las fichas técnicas antes de que los mismos fueran publicados a todos los interesados en participar del proceso de contratación.
La investigación que adelantó la delegada de la Fiscalía señala que, en dos contratos por más de 1.600 millones de pesos, habría salido beneficiado el empresario.
El primer contrato fue para la compra de siete camionetas blindadas por 1.300 millones de pesos.
El segundo fue para la compra de 29 motos cuyo valor total fue de 390 millones de pesos.
También, se habría establecido que para concretar la supuesta entrega de la información al empresario Manjarrés, los funcionarios de la Fiscalía aparentemente se reunían en diferentes lugares de la ciudad.
Supuestamente, en dichos encuentros clandestinos se planeaba los cambios que se harían a los requisitos de la licitación.
Cabe resaltar que, esta imputación de cargos se adelantó dentro de la investigación por el ‘cartel de los vehículos blindados’.