Karen Abudinen sobre Centros Poblados: “Lo único que nos faltó fue llamar al banco”

La exministra de las TIC, Karen Abudinen, habló con Daniel Coronell en el Reporte Coronell sobre la denuncia que presentó Emilio Tapia, abogado y contratista que aparece ligado a escándalos de corrupción, ante la Fiscalía sobre Centros Poblados.

Cabe resaltar que Tapia le atribuye a Abudinen cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.

Recordemos que cuando Karen Abudinen era ministra de las TIC, la cartera abrió una licitación pública por más de un billón de pesos para entregarle señal de internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El Ministerio aprobó un anticipo de 70.000 millones de pesos y cuando los contratistas empezaron a incumplir, los llamaron a una audiencia de descargos junto con el Banco Itaú Corpobanca porque, presuntamente, había expedido la garantía de cumplimiento.

De acuerdo con Abudinen, desde el Ministerio realizaron de las respectivas verificaciones y denuncias, cuando se dieron cuenta que la garantía para Centros Poblados era falsa. No obstante, lo advirtieron cuando el contrato ya estaba firmado y en ejecución.

En ese sentido manifestó que “como seres humanos uno puede cometer errores, pero nosotros actuamos conforme a la ley. Uno no puede estar pensando que los contratistas van a engañar al Estado”.

Señaló que el error no puede venir del funcionario público, “porque quién engaña a la Administración Pública son los bandidos”.

La exministra también aseguró que Emilio Tapia no aparecía dentro la Unión Temporal de Centros Poblados.

“Esto quiere decir que tiene unos testaferros que no solamente tienen cuatro empresas, sino quién sabe cuántas empresas existan hoy, donde el Estado esté contratando a todo este andamiaje de corruptos que lo único que hacen es engañar al Estado”, aseveró.

¿Qué haría diferente en el caso?

Abudinen manifestó que si pudiera hacer algo diferente sería que se contactaría con el banco para corroborar la información de la póliza.

“Yo lo que haría es llamar al banco. Lo único que nos faltó fue llamar al banco, pero ¿cuántas personas llaman al banco para saber si una garantía es falsa o verdadera? Esto no se hace, porque los documentos se entienden que son verdaderos a menos que alguien denuncie que son falsos”, señaló.

No obstante, fue enfática en mencionar que esto no es una responsabilidad del funcionario público, “yo no cometí ese error”, puntualizó.