Congreso aprueba el presupuesto de 2023: estos fueron los asuntos más polémicos
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que hay “un aumento significativo” de recursos para programas sociales y la paz. El proyecto pasa a la firma del presidente Gustavo Petro.
Plenaria del Senado. Foto: Colprensa-Mariano Vimos
Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el Presupuesto General de la Nación para el 2023, por 405.6 billones de pesos.
Al respecto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que hay “un aumento significativo (frente al presentado por el Gobierno anterior) en programas sociales, programas en favor de la paz, reforma agraria, educación, salud, vivienda social, acueducto y vías terciarias”.
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En el Senado hubo polémica por un artículo que le daría más recursos a la Registraduría Nacional para actualizar e implementar la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y el registro civil en línea.
Además, cubriría los gastos que demanden los procesos electorales y la adquisición de nuevas sedes a lo largo del país.
Aunque la senadora Paloma Valencia pidió eliminar el artículo, las mayorías lo aprobaron.
En la Cámara de Representantes hubo polémica por el artículo que señala que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes podrá tener a su cargo el proceso de contratación de los vehículos especializados para la seguridad y protección de los congresistas.
Asimismo, por el artículo en el que la Nación da $300.000 millones de apoyo al déficit de los sistemas de transporte público masivo.
Pero la mayor tensión se concretó en el artículo 42, sobre los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Sin servicio de la deuda, los sectores con mayor apropiación para 2023 son: educación, con $54,8 billones; salud y protección social, $50,2 billones; hacienda, $48,7 billones; defensa y policía, $48,3 billones; trabajo, $37,9 billones; e inclusión social y reconciliación, $17,8 billones.
También contiene disposiciones para cumplir los compromisos relativos a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; la prevención y atención de desastres; aliviar el pago de las deudas del Icetex; cofinanciar el déficit de los sistemas de transporte masivo; atender los pasivos en salud de la atención de la emergencia ocasionada por el COVID-19; y fortalecer las labores de defensa de los derechos ciudadanos, a través de la Defensoría del Pueblo.
El proyecto pasa a la firma del presidente Gustavo Petro.