Concejo de Barranquilla aprobó debate de control político sobre arroyos
La proposición fue presentada por el concejal Antonio Bohórquez.
Arroyo de la 21 en Barranquilla. (Colprensa - Rafael Polo). / Photographer:RAFAEL POLO A
Barranquilla
El Concejo de Barranquilla, en sesión plenaria, aprobó la proposición de debate público y citación de Control Político a la Alcaldía de Barranquilla, así como a la Agencia Distrital de Infraestructura -ADI, ente descentralizado del Distrito y a la Secretaría de Obras Públicas por los cuestionamientos relacionados con las obras de canalización de arroyos en la ciudad.
La citación, según el documento del cabildo, se realizará para que rindan explicaciones sobre los cuestionamientos que han surgido por las contrataciones del programa “Barranquilla sin arroyos”.
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Además de conocer el estado de endeudamiento de la Alcaldía y los recursos ejecutados por las administraciones para las obras, la solicitud en cabeza del concejal Antonio Bohórquez, busca que las autoridades expliquen la razón por la que se han robustecido los arroyos o surgido nuevos caudales en lugares cercanos a las canalizaciones.
De la misma manera, se busca conocer cuáles han sido las fuentes de los recursos para las construcciones y las actuaciones relacionadas con estas hasta la fecha.
Cabe mencionar que, la citación se concretó después de que La W conociera del paquete de contratos adjudicados en 2016, correspondientes a canalizaciones de arroyos en Barranquilla por hechos que fueron denunciados por la excongresista Aída Merlano en su última audiencia como un presunto “carrusel de la contratación”.
En cuanto a las autoridades y los procesos relacionados con los arroyos, desde la Contraloría Distrital informaron con anterioridad al medio que “no existe ningún proceso de responsabilidad fiscal, como tampoco indagación preliminar por el tema que se consulta, así mismo no existe denuncia o queja pendiente por tramitar en ese sentido”.
Esto, pese a las denuncias y cuestionamientos de las últimas semanas por presuntas irregularidades en materia de contratación estatal, situaciones evidenciadas por veedores, ciudadanos, medios de comunicación y líderes sociales.
