PARES dice que presunto carrusel de contratación en Barranquilla debe investigarse
Después de la investigación publicada por La W, la fundación realizó un informe detallado sobre la vía Cordialidad, una de las obras que a la fecha no se ha terminado.
Panorámica de referencia, Barranquilla. / Alcaldía de Barranquilla (Cortesía)
La Fundación Paz y Reconciliación- Pares alertó sobre un entramado de corrupción en Barranquilla, tras las investigaciones de W Radio sobre el presunto carrusel de la contratación en la ciudad.
Pares, que mencionó que los hechos deben ser investigados por los órganos de control y judiciales, se enfocó en la vía Cordialidad, que tras 5 años de ser adjudicada continúa en ejecución con 8 prórrogas y con adiciones de más del 60% del dinero inicial pactado.
“El contrato para la construcción y ampliación de la vía La Cordialidad en Barranquilla ha estado en manos de dos megacontratistas de esta ciudad, señalados de hacer parte del escándalo de compra de votos de Aída Merlano, en el marco de un presunto direccionamiento e interés indebido en la celebración de contratos(…)”, señaló la fundación.
Asimismo, mencionaron que, en el caso del contrato de la vía La Cordialidad, la modalidad ‘crédito de proveedor’ restringió los oferentes solo a dos, por lo que “puede haber un presunto interés indebido en la celebración de contratos”.
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“Al menos, por contratos públicos con Barranquilla o la Gobernación del Atlántico, Faisal Cure habría recibido $243 mil millones y Julio Gerlein $363 mil millones. A ese acumulado se suman los $148 mil millones que ha costado la ampliación y construcción de la vía La Cordialidad, la cual ha tenido múltiples prórrogas y adiciones presupuestales, junto con una interventoría insuficiente”, aseguró Pares.
De la misma manera, se refirieron a la interventoría de la obra, que en su primera fase estuvo a cargo de una entidad externa, pero que posteriormente quedó en manos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe- Edubar, una organización mixta, que pertenece en un 74% al sector público, es decir Alcaldía y Gobernación, por lo que señalan que no sorprende que, tras varios años, no se encendieran las alarmas sobre la situación.
“Esto es de especial relevancia cuando, siguiendo a Función Pública, la interventoría consiste en “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”, afirmaron.
