Los testigos que podrían destrabar el caso de la DNE

Con ocasión de la colaboración a la justicia prestada por Castillo y Rojas, se logró sentencia condenatoria en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Fernando Sáchica Méndez, quien fungió como subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Ambos acusados declararon en contra del ex coordinador de sociedades de la extinta DNE Publio Orlando Melo Ruíz y Carlos Enrique Robledo Solano.

Tras firmar un preacuerdo ambos fueron condenados a 35 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de cómplices, los cuales podrán pagar en prisión domiciliaria.

El Proceso judicial

Se trata del proceso penal que arranca en el año 2010, cuando dos sociedades denominadas Movilgas Ltda y Estaciones de Servicios Alvarado y Cia, conformadas por 11 establecimientos comerciales destinados a la distribución de hidrocarburos, fueron entregadas de forma provisional a la Dirección Nacional de Estupefacientes con ocasión de un proceso de extinción de dominio.

El contrato de arrendamiento consistió en la entrega de once estaciones de servicio, cuatro lotes, un inmueble y un predio. El valor del contrato ascendía a la suma de cinco mil ciento doce millones de pesos ($5.112.000.000) que comprendían la totalidad de los cánones durante cinco años que fue la vigencia del contrato inicialmente pactado. Dicha suma se aumentó a seis mil cuarenta y seis millones ochocientos mil pesos ($6.046.800.000), por la entrega de cuatro estaciones más, con lo cual se superó la limitación legal para contratar de dicha empresa, sin que ello supusiere impedimento alguno para la misma.

Casa Motor S.A seguía ejecutando las labores de depositaria valiéndose de otras empresas, tal y como consta en los pagos de los avalúos que debieron realizarse por parte de Petroquality, supuesta depositaria, pero que finalmente fueron desembolsados por quien para entonces fungía como gerente general de Casa Motor. Así las cosas, dicha sociedad, además de administrar los bienes, ostentaba la calidad de Arrendataria, obteniendo así un provecho máximo de las utilidades de los mismos.

Para la administración de ese tipo de bienes, bien sea como depositario, o como arrendatario, se debe cumplir con el lleno de ciertos requisitos legales, pues la comercialización y venta de hidrocarburos tiene una regulación especial que no cumplía la sociedad Casa Motor, sin embargo, dicha falencia fue suplida con la utilización de documentación de la empresa Movilgas Ltda, con lo cual se logró sortear este nuevo impase.

Para el desarrollo de sus actividades, Adolfo Castillo autorizó mediante mandato a Deiby Rojas para que fungiera como depositario provisional de las sociedades. Habida cuenta su participación en cada uno de los eventos, a ambos les fueron imputados los siguientes delitos: peculado por apropiación en calidad de intervinientes, pues el valor anual del contrato de arrendamiento ascendía a mil cuatrocientos dos millones ochocientos cincuenta y siete mil pesos ($1.402.857), lo que implica que, si mantuvieron los bienes en arriendo por once meses, debieron pagar mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos, pero únicamente cancelaron mil treinta y seis millones trescientos noventa y siete mil novecientos noventa y nueve millones ($1.036.397.999), presentándose así un detrimento de doscientos cuarenta y nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos ($249.554.801), mientras Casa Motor S.A se desempeñó como arrendataria.

Además de lo anterior, también fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público y, por estas conductas Castillo y Rojas suscribieron principio de oportunidad en el pasado mes de marzo de 2019, en el que se les concedió inmunidad parcial por el término de un año. Beneficio del que actualmente siguen gozando tras 4 prórrogas, siendo la última de estas el 7 de octubre de 2022 por parte del Juzgado 41 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá.

Con ocasión de la colaboración a la justicia prestada por Castillo y Rojas, se logró sentencia condenatoria en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Fernando Sáchica Méndez, quien fungió como subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes el pasado 24 de enero de 2022, por haber entregado irregularmente a las sociedades Casamotor y Petroquality estaciones de servicio de gasolina; además de declarar contra del coordinador de sociedades de la extinta DNE Publio Orlando Melo Ruíz y Carlos Enrique Robledo Solano.

Finalmente, por solicitud de la defensa técnica de Castillo y Rojas, se logró la firma de un preacuerdo conforme el cual ambos fueron condenados por parte del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá el 29 de julio de 2020 a 35 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de cómplices, los cuales podrán pagar en prisión domiciliaria, con ocasión de la manipulación de la adjudicación del mencionado contrato de arrendamiento.

El abogado de Adolfo es Oscar Sierra Fajardo y de Deiby es el jurista Manuel Cáceres.