Piden al Gobierno intervenir ante decisión de Afinia de no bajar tarifas de energía

Desde el departamento de Bolívar son varias la reacciones que se han conocido ante el anuncio de Afinia, filial de EPM, de no acoger el llamado del Gobierno Nacional para disminuir de forma voluntaria las tarifas del servicio de energía que pagan los usuarios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y varios pueblos del Cesar.

Quienes han expresado su malestar con esta postura de Afinia apuntan a que serán el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, quienes definan la disminución en la tarifa, porque no ven voluntad por parte de la filial de EPM.

William Murra, empresario e interventor del alumbrado público en Cartagena, cuestionó que la empresa de ampare en un eventual impacto negativo en su liquidez para no bajar la tarifas, cuando, según señaló, han tenido utilidades netas que este 2022 podrían llegar al billón de pesos.

“Cómo pueden decir que ellos están trabajando casi que a pérdida cuando en el informe de gestión que publica la Superintendencia de Servicios Públicos la utilidad neta de 2021 para Afinia, a diciembre 31, fue de $329 mil millones. Y a julio 31 de este año, ya llevaban $680 mil millones, lo que quiere decir que este año 2022, van a llegar casi a un billón de pesos de utilidades neta, entonces es una miserableza de Afinia decir que no va a rebajarnos un peso”, expresó Murra.

El empresario indicó que “lo que tiene que pasar es que el gobierno la va a tener que intervenir, que pena me da, pero la tienen que intervenir”.

Héctor Pérez, veedor e integrante de la Liga de Usurarios de Servicios Públicos Domiciliarios, indicó que en el Caribe colombiano se les ha hecho un gran daño a los usuarios del servicio de energía, a los cuales, en algunos casos, se les han aumentado los recibos más del 50%, algunos 100% y a otro hasta el 200%.

“Son ilegales las resoluciones que les están permitiendo a estas empresas cobrar las pérdidas no técnicas, eso está pesando más del 30% en los recibos y es ilegal. La ineficiencia de las empresas no se les puede cobrar a los usuarios, no lo permite la Ley 142 del 94 de Servicios Públicos y las resoluciones de la Creg, desde el año pasado, han venido permitiéndoles a las empresas cobrar esas pérdidas”, explicó Pérez.

Otro de los puntos clave, según indica Pérez, es la necesidad de “bajar la indexación de la factura de energía y que está no sea con el índice de precios al productor, que se ha disparado enormemente por la crisis económica mundial, y cambiarlo por los índices de precios al consumidor. Eso sería un acuerdo entre el Gobierno y las empresas, para cambiar los contratos, pero las resoluciones de la Creg sí puede el Gobierno Nacional derogarlas, tomando decisiones a través de la presidenta de la Creg, que es la ministra de Minas y Energía”.

Ahora lo que esperan desde el Caribe es un encuentro con la ministra de minas Irene Vélez para platearle la necesidad de que el Gobierno tome medidas ante la negativa de Afinia de bajar las tarifas.