Corte cita a Gobierno para seguimiento a sentencia de derechos de la niñez wayúu
La sesión técnica se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a partir de las 8:00 a.m.
Con el fin de generar un espacio de diálogo que permita mostrar cuáles son las respuestas que el actual gobierno y las demás entidades participantes desarrollarán para lograr el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 sobre protección de los derechos de la niñez Wayúu, la Corte Constitucional citó a una sesión técnica el próximo 21 de octubre de 2022, a partir de las 8 a.m.
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Según el Alto Tribunal, esta sesión no pretende propiciar un debate adversarial ni acusatorio, sino la generación de un espacio de diálogo que permita mostrar con mayor precisión, a partir del estado de cosas inconstitucional que persiste dentro del seguimiento que hace la sala especial, cuáles son las respuestas que el gobierno entrante y las demás entidades participantes desarrollarán para lograr el cumplimiento de las órdenes generales y las de seguimiento, esto es, definir el camino a seguir en procura de la ejecución de una política pronta, eficiente y sostenible.
La sesión técnica se desarrollará bajo cinco ejes temáticos:
1. Perspectiva de las comunidades y de la sociedad civil sobre las posibles soluciones y la manera como los canales institucionales deben aplicarlas.
2. Estrategias que se van a desarrollar de carácter urgente y de largo aliento.
3. Acciones provisionales y estructurales para superar los obstáculos hasta ahora detectados para superar el ECI.
4. Medidas para cumplir las órdenes emitidas durante el seguimiento que realiza la Corte:
A. Reconocimiento del pueblo Wayuu como sujeto de derechos.
B. Acciones para divulgar y comunicar la sentencia.
C. Estrategias para cumplir las medidas provisionales decretadas en el marco del seguimiento.
D. El logro de transparencia en la asignación de beneficios, selección de contratistas y manejo de los recursos.
5. Obstáculos detectados para alcanzar la operatividad del mecanismo especial de seguimiento de políticas públicas (MESEPP) y las propuestas para poner en marcha dicho mecanismo.
A la sesión fueron citados la Junta Mayor de Palabreros putchipüun y el Consejo Mayor de Palabreros; una mujer indígena de las comunidades asentadas en la Alta Guajira; el defensor del Pueblo; la procuradora general de la Nación; el contralor general de la República; el fiscal general de la Nación; el Consejero para las Regiones de la Presidencia de la República; un representante del Resguardo de la Alta y Media Guajira; el gobernador (e) de La Guajira; un representante de las alcaldías municipales de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia; la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); las y los ministros de Vivienda, Salud, Interior, Transporte, Educación, Agricultura y Hacienda; la Veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017; y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).