Los cuestionados políticos que hacen parte de la Comisión de Acusaciones

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se encarga de procesar penal y disciplinariamente al presidente de la República y a los expresidentes, al fiscal General de la Nación y a los magistrados de las Altas Cortes, incluyendo los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia procesa penalmente a los congresistas por sus eventuales delitos.

Ese control cruzado, establecido constitucionalmente, fue diseñado para garantizar un sistema de contrapesos institucionales, pero en la actual comisión de acusaciones hay representantes con intereses en procesos que adelanta o adelantará la Corte Suprema.

La Comisión de Acusaciones actual es una amenaza contra los magistrados que investiguen a poderosos políticos.

La preside un congresista que se pidió estar en ella unos días después de que la Corte Suprema lo llamara a indagatoria por un caso de corrupción. El vicepresidente es el hijo de un jefe paramilitar y hacen parte de la comisión, un representante mencionado en el saqueo Ocad-Paz y la esposa de un parapolítico condenado.

Empecemos por la cabeza. El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación es Wilmer Carrillo un cuestionado político de Norte de Santander, miembro del Partido de La U, procesado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en delitos de corrupción.

Carrillo sigue libre aunque ha sido llamado dos veces a indagatoria. La primera en octubre del año pasado y la segunda el 21 de julio de este año, apenas un día después de que se instalara el Congreso.

Es decir, este caballero se hizo meter en la Comisión de Investigación de la Cámara cuando ya estaba llamado a indagatoria. Se convirtió en juez de los jueces que lo procesan por sus presuntos delitos.

Carrillo está vinculado formalmente a dos casos penales de corrupción:

• El primero tiene que ver con el robo al Hospital de Ábrego en Norte de Santander. Hay denuncias concretas sobre comisiones que cobraba por los contratos que celebraba el hospital. La gerente de ese hospital Melissa Andrea Llain Gómez declaró ante la justicia que el flamante presidente de la Comisión de Investigación y Acusación Wilmer Carrillo se quedaba con el 50% de los contratos del Hospital, dijo también por uno de esos contratos le pagaban a Carrillo %20 millones mensuales de sobresueldo y además que cambió el manual de funciones para poner a una familiar de su esposa en un puesto directivo del hospital. Por estos presuntos delitos ya lo habían llamado a indagatoria en octubre del año pasado.
• Como la justicia cojea, nada que le dictan orden de captura por estos hechos. En cambio el 21 de julio de este año, le surgió un segundo proceso. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a Carrillo por otro caso de corrupción. La Corte tiene indicios claros de que cuando Wilmer Carrillo era secretario de infraestructura de Norte de Santander firmó actas de recibo de obra a una constructora llamada Vallehermoso, sin que hubiera entregado esas obras. La constructora es de Jensy Miranda, empresario condenado en España por narcotráfico.

Cuando el representante Wilmer Carrillo sea detenido –y con las pruebas en su contra se da por segura la medida de aseguramiento— lo remplazará el vicepresidente de la Comisión de Investigación y Acusación.

Se trata, nada menos, que del hijo del jefe paramilitar ‘Jorge 40′, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, a quienes algunos llaman Jorgito 41. Tovar se alzó con una de las curules de la jurisdicción especial de paz en representación de una región ensangrentada por los crímenes de su padre. Para lograrlo tuvo el apoyo del gobierno de Iván Duque.

Jorgito hizo campaña de la mano de Víctor Hugo Mosquera, director territorial de víctimas del gobierno Duque. Esa oficina gubernamental, además, paga 238 millones de pesos mensuales por el arrendamiento de un edificio del que son propietarias la mamá y la abuela del ahora representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar Vélez. El humor vallenato bautizó el edificio como “La torre 40″.

Las sorpresas en los integrantes de la Comisión de Acusación e Investigación no paran en la mesa directiva. También se metió en esa comisión el político conservador cordobés Wadith Manzur, uno de los tres congresistas a los que la Corte Suprema de Justicia investiga por el saqueo a los dinero de los OCAD-Paz.

La Corte Suprema investiga una denuncia según la cual, Manzur y otros dos cogresistas recibían entre el 2% y el 12% en contratos otorgados por el OCAD-Paz, asunto que él niega.

Cierra esta selección Colombia de congresistas de la Comisión de Acusaciones la representante liberal Kelyn Johanna González. Ella es representante liberal del Magdalena y llegó al congreso gracias a los votos de su esposo Rodrigo Roncallo quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Ahora su esposa tiene autoridad para investigar a los magistrados de la Corte.

La carrera del señor Roncallo también ha estado ligada a Jorge 40, gracias al presunto apoyo de ese jefe paramilitar se convirtió en alcalde de Tenerife y después representante a la Cámara.

Kelyn Johanna, la ahora integrante de la Comisión de Acusación, ha tenido en su Unidad de Trabajo Legislativo a Any Ucrós, la esposa del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por la Corte Suprema por tratar de torcer la voluntad de un juez ofreciéndole un soborno de 200 millones de pesos, 200 barras decía él en la célebre grabación.

Estos son 4 integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Una de las peores de la historia con 25% de sus miembros involucrados directa o indirectamente con procesos en la Corte Suprema de Justicia.