Procuraduría cuestiona imputación de la JEP en Dabeiba y dice que se quedó “corta”
En el escrito conocido por La W, solicitaron que se amplíe la imputación actual con un mayor universo de crímenes, o bien, se realice una nueva, que satisfaga “integralmente” los deseos de verdad de las víctimas.
La W tuvo acceso por fuentes en la JEP al documento de observaciones presentado por la Procuraduría delegada en el cual cuestionó duramente la imputación realizada por el tribunal transicional en el caso Dabeiba y señaló que a su juicio se quedó corta, pidiendo que otro grupo de crímenes que fueron descubiertos sean objeto de una nueva imputación, o se amplíe la actual.
Esto, al concluir que los magistrados se enfocaron ostensiblemente en imputar a los responsables estrictamente por falsos positivos y desapariciones forzadas, pero no atribuyeron responsabilidad por otros graves crímenes como violencia sexual o torturas, delitos de índole territorial los cuales a juicio del Ministerio Público no fueron judicializados, por lo cual solicitaron hacerlo.
Además, la Procuraduría con base en lo anterior, pidió que sobre esos crímenes mencionados previamente, así como el desplazamiento forzado de la población (generado por paramilitares con aquiescencia de los soldados del Batallón 79 Contraguerrillas con los cuales tenían vínculos), se lleve a cabo la individualización y judicialización de los responsables.
“Circunscribir la decisión exclusivamente a los homicidios en persona protegida y desaparición forzada, si bien satisface los propósitos de investigación del Caso 03 (falsos positivos), resulta incompleta la proposición jurídica y necesaria la ocasión para ampliar el universo de conductas punibles determinando los hechos y conductas de aquellas situaciones que fueron objeto de indagación en el Caso 04 y que evidentemente constituyeron graves violaciones a los derechos humanos” señalaron los procuradores Jairo Acosta y Alonso Pío Fernández.
También, el ministerio público solicitó que dentro de los crímenes que deben determinarse se investigue el bloqueo de alimentos por parte de los soldados a la población al estigmatizar de colaboradores de la guerrilla a distintas comunidades.
Puede leer:
En igual sentido se pronunció el Ministerio Público sobre el grupo de ‘Vuelo 79′ conformado para cometer distintos falsos positivos, así como la práctica de “caza-retén” donde los militares abordaban por la fuerza el carro de un civil, y escondidos en el vehículo trataban de encontrar algún retén de las Farc, para entrar en combate, pero claramente poniendo en riesgo población civil porque el conductor del vehículo era el civil propietario.
“La tropa del Ejército Nacional obligaba a parar vehículos de civiles, enseguida bajaban al conductor para montar los soldados en él, dirigirse al lugar donde estaban las Farc y así garantizar engañar a la guerrilla. Estas maniobras dentro del área de operaciones, en las que se utilizaban vehículos de civiles o con civiles abordo en vehículos militares o militares vestidos de civil en vehículos militares, fue una práctica bastante común” señaló la Procuraduría.
Pero además, los delegados solicitaron que se vaya a fondo en establecer los nexos del Batallón Contraguerrillas 79 con el narcotráfico por cuenta de las confesiones de los mismos soldados sobre los presuntos vínculos del mayor (r) David Guzmán con paramilitares y tráfico de drogas.
Asimismo, los delegados cuestionaron que si la investigación se adelantó por una unidad militar adscrita a Dabeiba y el cementerio Las Mercedes, se incluyan hechos ocurridos en Ituango. También, pidieron que la JEP evalúe incluir un nuevo patrón criminal sustentado en el asesinato del teniente Jesús Suárez (quien iba a delatar a sus compañeros), el homicidio de los sepultureros del cementerio y el atentado a Hermelinda González, mujer encargada de las labores forenses, para no dejar “cabos sueltos”.
Finalmente, en relación con los hechos atribuidos a los militares señalados de ser responsables por los falsos positivos imputados, la Procuraduría cuestionó que algunas decisiones no fueron bien sustentadas, como por ejemplo atribuir responsabilidad al coronel (r) Jorge Alberto Amor como supuesto conocedor y aprobador de los crímenes, cuando las evidencias a su juicio, demostrarían su actuar omisivo.