Casi $2 billones comprometidos en presunto carrusel de contratación en Barranquilla

A través de investigaciones realizadas por La W, se pudo evidenciar un paquete de contratos adjudicados en el periodo de la alcaldía de Alejandro Char Chaljub (2016-2019), donde través de la modalidad de “crédito a proveedor”, presuntamente se direccionaron las principales obras públicas de Barranquilla a un grupo de contratistas específicos.

La modalidad antes mencionada compromete al contratista a terminar la obra a satisfacción, y una vez esta sea entregada, el contratante, en este caso la Alcaldía, daría en un solo pago la totalidad pactada en el documento de adjudicación.

Esos mismos términos fueron utilizados en los contratos por los 6 arroyos más peligrosos de la capital del Atlántico y 2 de las arterias viales más importantes, la vía 40 y la avenida Cordialidad, por lo que solo se permitió la participación en la licitación pública de grandes contratistas con el suficiente músculo financiero para cubrir los gastos de construcciones de tal magnitud.

Sin embargo, en principio se ignoró en todos los contratos la obligatoriedad del certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que daría cuenta de la capacidad financiera del Distrito de Barranquilla para el pago de las obras, dejando aparentemente sin fundamento la proveniencia de los recursos.

“Disponibilidad presupuestal: Por tratarse de un contrato en el cual se pactó como forma de pago un crédito de proveedor, no existe necesidad de contar con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal o autorización para la asunción de vigencias futuras”, se lee en una de las cláusulas presentes en todos los contratos antes mencionados.

Cabe mencionar que, “el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), es un documento mediante el cual se garantiza la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado”, según Función Pública.

Aunque en todos los contratos aseguran que no requieren del CDP, para la vigencia de 2016 sí se expidió el documento a nombre del Foro Hídrico, que posteriormente pasó a llamarse Agencia Distrital de Infraestructura-ADI, un establecimiento público perteneciente al sector descentralizado de la Alcaldía de Barranquilla.

En el documento firmado por el gerente de la entidad, todas las obras de arroyos se agruparon por un valor superior al medio billón de pesos ($622.000.000.000), según el cupo autorizado por el Concejo de Barranquilla en 2016. Adicionalmente, se expidieron Registros Presupuestales para la ejecución en la misma vigencia.

Sin embargo, de una disponibilidad de $622.000.000.000 de pesos, los contratos de arroyos antes mencionados solo comprometieron aproximadamente $508.000 millones en la vigencia de 2016, ya que uno de ellos se ejecutó con otro rubro en la vigencia siguiente y otro más, pese a mencionarse, no tuvo licitación.

Hay que señalar que, aunque se consultó a la ADI sobre la destinación del dinero restante, correspondiente a cerca de $114.000 millones, no se obtuvo respuesta.

A través del Acuerdo 0006 de 2016, mismo en el que los contratos enmarcan la disponibilidad presupuestal, el cabildo autorizó al alcalde de la época a celebrar los contratos y convenios necesarios para transferir al Fondo de Restauración, Obras e Inversiones Hídricas Distritales-Foro Hídrico de Barranquilla, recursos del impuesto predial unificado, recursos del sistema general de participación es de Agua potable y saneamiento básico, entre otros. Más tarde, el acuerdo fue modificado en su Artículo 6, en el que además de extender el pago de las obras desde 2016 “hasta el año 2035 o hasta extinguir la obligación”, incluyen la posibilidad de que se celebren operaciones de Crédito Público o se soliciten desembolsos sobre operaciones ya celebradas entre las facultades dadas al Foro Hídrico, actual Agencia Distrital de Infraestructura- ADI.

La ADI, entidad contratante, fue mencionada en el informe de Viabilidad Fiscal, correspondiente al periodo 2021 del Ministerio de Hacienda, en el que se señaló que el endeudamiento era 3 veces mayor a sus ingresos y que el total del sector descentralizado alcanza niveles similares a los del Distrito.

En lo que tiene que ver con sus recursos, provienen del Impuesto Predial Unificado, del 90% del Impuesto a la telefonía, del 75% de la Remuneración por los derechos de uso a infraestructura del Distrito, de los ingresos corrientes de libre destinación (de 2016 a 2019), de la Sobretasa de la gasolina (de 2018 a 2046), del 41% del impuesto de Alumbrado Público (de 2017 a 2046), Recursos de Capital (2016-2019) y Recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento básico (hasta 2022).

Asimismo, es importante destacar que el establecimiento es determinado autónomo e independiente de la Alcaldía de Barranquilla, por lo que las implicaciones legales en las que incurra no afectan a la administración central.

Sobre las obras de vías (Vía 40 y Cordialidad), celebradas en 2017, una de estas hizo uso de un certificado de disponibilidad por el 10% del valor de la obra, y no por el valor total del contrato adjudicado.

Es decir, para una obra de más de $90.000 millones, como es el caso de la Avenida Cordialidad, el Distrito de Barranquilla emitió una disponibilidad del presupuesto de $9.000 millones, contrariando la Ley 80 de 1993, basados en que el tipo de modalidad de crédito a proveedor permitía hacer este tipo de transacciones, a través de un Acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia Distrital de Infraestructura- ADI, conformado por 4 personas.

De esta manera, se habría presuntamente violado la jerarquía de leyes con un Acuerdo de una entidad descentralizada.

Por su parte, pese a la situación y el argumento que permitió este tipo de negociaciones y su adjudicación a solo unos cuantos contratistas, meses después varios de los contratos del paquete cambiaron su modalidad a obras públicas o comenzaron a pagarse por “hitos” o “actas parciales”, quitándole así la responsabilidad a los contratistas de responder por la totalidad de la obra y entregarla a satisfacción, al momento en que se realizaría el pago.

Fue así como, las obras antes mencionadas superaron en la mayoría de las construcciones más de 50% del valor inicial, con adiciones en todas ellas y un plazo de pago mayor a 20 años en el caso de los arroyos, aun cuando varios se suspendieron o siguen en ejecución, como la Avenida Cordialidad, teniendo en cuenta que todas tenían que ser entregadas en 2019.

Sobre los arroyos, aunque el programa fue bandera en la administración de ese período, de un total de 7 contratos anunciados y comprometidos en la disponibilidad presupuestal que autorizó el cupo de endeudamiento de 2016, uno no tuvo licitación, otro más se ejecutó en la vigencia del año siguiente y 3 construcciones no se terminaron, siendo el acta de suspensión la última acción registrada por la ADI, por lo que bajo el CDP por más de medio billón de pesos, solo se terminaron 2 arroyos, correspondientes a Calle 76 y Hospital.

Por su parte, pese a que el documento único aportado como CDP para la canalización de los arroyos agrupó todas las contrataciones en un mismo soporte con recursos por $622.000 millones, el valor total estimado en la actualidad es superior a los $2 billones de pesos, por varias obras que no se han concluido y que debían ser entregadas en la administración anterior, ya que los intereses que se pagarán hasta 2035 multiplican el valor inicial pactado.

Esto, sustentándose todos los contratos en una cláusula que reza que el valor de estos es “de cuantía indeterminada pero determinable”, siendo enfáticos en que la cifra entregada se estima solo para efectos fiscales y de póliza.

Por la no disponibilidad de la documentación adicional al contrato principal, (es decir, las prórrogas, suspensiones, cesión de contratos, pagos, actas de terminación, entre otros) en el SECOP I y II, este medio requirió las copias físicas y respaldos a la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI, recopilando cada uno de ellos para la presente investigación, misma que está basada en la totalidad de información oficial recibida del ente público.

Sin embargo, una semana después de su entrega vía digital por la administración, los enlaces fueron eliminados. Adicionalmente, se envió un cuestionario a la Alcaldía de Barranquilla que no fue contestado.

Hay que señalar que, aunque la ADI registra en la información pública el costo inicial de las obras y sus adiciones hasta la actualidad, no se hace mención de los millonarios giros comprometidos en cada vigencia a los contratistas y que, según lo establecido en los pliegos de condiciones y en los contratos, se pagarán por 20 años o hasta extinguir la obligación.

¿Cómo se contrató la canalización de arroyos en Barranquilla?

Primer paquete contractual

El primer paquete de contratos se ejecutó después de que a través del Acuerdo 0016 de 2016, el Concejo de Barranquilla autorizara un cupo de endeudamiento por el orden de $622 mil millones de pesos.

“Autorizarle al Fondo de Restauración, Obras e Inversiones Hídricas Distritales- Foro Hídrico de Barranquilla, establecimiento público de orden Distrital, un cupo de crédito hasta por un valor de $622.000.000.000, y autorizarlo para que, con cargo a dicho cupo, celebre Operaciones de Crédito Público, y las Operaciones Conexas a las mismas, para financiar los Proyectos (…)”, afirma el Acuerdo.

Con el documento se logró la adjudicación de las contrataciones para arroyos, los afluentes más grandes de la capital del Atlántico.

“Reconstrucción vial y canalización de los arroyos de la carrera 21 entre calle 53 y calle 30 incluidos sus afluentes en el Distrito de Barranquilla; - reconstrucción vial y canalización del arroyo de Felicidad desde la carrera 41 con calle 63B hasta la calle 48 con carrera 54 incluido afluente de la calle 52 con carrera 38 en el Distrito de Barranquilla y - la reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 76 entre carreras 44 y 54 Y de la calle 75 entre carreras 44 y 52 en el Distrito de Barranquilla reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 65 desde la calle 62 con carrera 47 hasta la carrera 65 con vía 40 en el Distrito de Barranquilla - reconstrucción vial y canalización del arroyo de Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con Calle 17 en el Distrito de Barranquilla - Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 92 desde la calle 92 con carrera 51B a calle 91 con carrera 65 en el Distrito de Barranquilla - y Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 58 - Base Naval – en el Distrito de Barranquilla, entre otros sectores en el Distrito de Barranquilla”.

Sin embargo, pese a que el valor del cupo era de $622.000 millones y las ejecuciones de las obras se situaron hasta 2019, fecha en la que el mandato del entonces alcalde, Alejandro Char, terminaba, el alcance de estas se pactó “con plazo máximo para su pago de 20 años, desde el 2016 hasta el año 2035, o hasta extinguir la obligación”.

De esta manera, cada uno de los contratos antes mencionado estarán vigentes hasta el 2031 o 2035, pagando a los contratistas hasta 3 veces el costo original de las obras, con giros pactados en cada una de las vigencias.

En lo que tiene que ver con el cupo de $622.000 millones, los contratos relacionados con sus respectivos registros presupuestales solo comprometieron $508 mil millones en la vigencia de 2016. Esto, debido a que el correspondiente a la “canalización del arroyo de la calle 58 - Base Naval” no tuvo licitación, pese a incluirse en el presupuesto del año y haber sido anunciado por la Alcaldía.

“La reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 58 (Base Naval), comprende una longitud de 920 metros lineales. Tiene un caudal de 30 metros cúbicos por segundo y una velocidad de 6 metros por segundo. Recorre el barrio Modelo y beneficia a 50.000 habitantes de la localidad Norte-Centro Histórico. La inversión prevista es de 45.000 millones de pesos”, se lee en un comunicado de la Alcaldía de Barranquilla en 2016.

De la misma forma, aunque el presupuesto de 2016 incluyó la ejecución de la canalización del arroyo de la Calle 92, este no se ejecutó en esa vigencia ni utilizó el CDP en el que fue nombrado. Los recursos para esta obra se enmarcaron posteriormente en otra disponibilidad en el año 2017.

Cabe mencionar que, fuentes cercanas a las negociaciones pero que prefieren permanecer anónimas por considerar que su vida corre peligro, le aseguraron a La W que incluso los costos iniciales ya estaban inflados, ya que “un arroyo que se podía construir por $50.000 millones, se adjudicó por más $100.000 millones”, cifra que se triplicaría en los pagos reales, llegando a casi $390 mil millones de pesos según las condiciones expuestas en cada contratación por “crédito de proveedor”, que incluyen una tasa de financiación del 12.45% E.A.

Carrera 21 entre calle 53D y calle 30, ‘Arroyo de la muerte’- No terminada

La construcción fue adjudicada a los contratistas: A construir S.A, Construcciones e Inversiones Beta S.A.S, Sergio Torres Reatiaga y BF Construye S.A.S, todos cercanos al grupo político tradicional de La Costa Atlántica.

La obra que inició en agosto de 2016 se firmó con un presupuesto inicial de $124.700.881.244 y fue suspendida en mayo de 2021.

Aunque el plazo de ejecución fue de 16 meses, de acuerdo con el pliego de condiciones, mismo en el que se sustenta la forma de pago, el contrato estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2035, con un valor total de $383.892.022.178 millones de pesos, triplicando el valor públicamente conocido y pactado en el contrato.

Además del alto costo, la obra incluyó 10 prorrogas, 3 contratos adicionales, 7 Otrosí modificatorios y 3 adiciones por $38.000 millones de pesos.

Entre los cuestionamientos a los contratistas, se encuentran el de la firma Sergio Torres Reátiaga, en cabeza de Javier Torres Vergara, que en 2018 fue citado por la Fiscalía a interrogatorio por desvío de recursos de la Concesionaria Ruta del Sol 2. Las denuncias señalan que Odebrecht entregó en 2015 casi $9.000 millones a la sociedad que habría direccionado el dinero a políticos de la región, un escándalo del que también hizo parte BF Construye S.A.S.

Esta última incluso se encuentra dentro del consorcio que integró la construcción de la vía Circunvalar que generó polémica recientemente, debido a que fue adjudicada en 2017 y hasta la fecha, 4 años después, no ha sido terminada y solo presenta avances del 40%.

Felicidad desde Calle 63B con la carrera 41- No terminada

La obra que fue suspendida en febrero de 2020 se adjudicó a Interaseo S.A, Termotécnica Coindustrial S.A.S, Construcciones e Inversiones Beta S.A.S, BF Construye S.A.S.

Se licitó por un valor de $123.004.386.348,00 y ha sido prorrogada 12 veces.

Sin embargo, el precio total establecido en el pliego de condiciones definitivo, que también fue incluido en el documento de contratación, fue de $305.597.150.219 de pesos.

Asimismo, se realizó una adición superior a los $20.000 millones e incluyó 7 Otrosí modificatorios y 2 contratos adicionales.

La vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre 2031.

A Interaseo S.A y Termotécnica Coindustrial S.A.S, relacionadas con el zar de las basuras, William Vélez, se sumó Construcciones e Inversiones Beta S.A.S, ya con dos obras adjudicadas en un mismo paquete y la antes mencionada BF Construye S.A.S, señalada dentro del escándalo por el desvío de recursos de la Concesionaria Ruta del Sol 2.

Cabe mencionar que, aunque la obra cuenta con acta de suspensión como último documento aportado por la ADI con fecha de febrero de 2020, en marzo de 2021 se firmó otro sí modificatorio que permitió la ejecución de una adición al contrato

Calle 76 entre carreras 44 y 54 Y de la calle 75- Terminada

La construcción que logró su entrega tras 7 prorrogas, se adjudicó por $89.350.032.443 de pesos. Sin embargo, el valor total es de $217.273.419.633 de pesos con un plazo de pago hasta el 3 de diciembre de 2031.

Fue entregada a Valores y Contratos S.A Valorcon S.A, de propiedad de Julio Gerlein y a Inversiones Jacur y Compañía Ltda, empresa de Faisal Cure, contratista también denunciado por Aída Merlano en medio de su última audiencia.

El contrato incluyó 6 Otrosí, modificatorios y un contrato adicional con una suma de $16.279.793.197.

Valorcon S.A, actualmente en liquidación y salpicada en el escándalo de Odebrecht, fue también denunciada tras declararse insolvente y ceder contratos a uniones temporales de su misma propiedad.

De la misma manera, Julio Gerlein, propietario de la firma, fue mencionado en el caso de la exsenadora Aída Merlano por una presunta compra de votos, en señalamientos que también salpicaron al exalcalde Alejandro Char.

En lo que tiene que ver con Inversiones Jacur y Compañía Ltda, el propietario, Faisal Cure también fue nombrado por Merlano como financiador de la campaña.

Carrera 65 desde la calle 62 con carrera 47- No terminada

Suspendido en abril de 2021 y con 9 prórrogas, el contrato se adjudicó a Mota Engil Col S.A.S, Mota Engil Engenharia e Construcao S.A y Cosortium Infraestructura S.A.S.

Fueron 3 los Otrosí modificatorios y 2 contratos adicionales, con una suma de $17.000 millones.

Si bien, el contrato aparece con un valor superior a los $87.000 millones, la cifra que se terminará de pagar en diciembre de 2031, supera los $227.863.746.836 de pesos.

En lo que tiene que ver con los integrantes del consorcio, Mota Engil estuvo envuelta en un escándalo por la no entrega de 200 colegios durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, así como recientemente por participar en la licitación del Acueducto del Mar, proyecto en el que incluso acreditaron junto a los socios, experiencia no relacionada con la obra.

Hospital desde la calle 44 con carrera 29 - Terminada

La contratación que se realizó por el orden de $83.887.287.285, y que se pagará hasta diciembre de 2031 por más de $220 mil millones, fue adjudicada a Constructora FG S.A, ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A y Sociedad Panamericana de Inversiones S.A.

Incluyó 9 prorrogas y 5 adiciones por más de 45 mil millones de pesos.

Asimismo, se realizaron 3 contratos adiciones y un otrosí modificatorio.

Entre los cuestionamientos que ha tenido la canalización, se encuentran las más de 600 familias damnificadas solo en el último año, 2022, por el desbordamiento del cuerpo de agua, que presenta este tipo de episodios desde su entrega a satisfacción e inauguración por parte del Distrito de Barranquilla.

Por su parte, Constructora FG, que también participó por la licitación reciente del Acueducto del Mar acreditando experiencia no relacionada con la obra, fue cuestionada en 2013 con Assignia Infraestructura S.A por esta última estar involucrada en escándalos de corrupción e incumplimiento en la entrega de obras, estando relacionada en el caso Gürtel.

Calles 92 y 91 desde la carrera 51B- Terminada

Pese a que se licitación se realizó por $58.514.933.204 de pesos, la cuantía real a pagar hasta 2035, se sitúa en los $315.000 millones de pesos.

Los contratistas a cargo, que entregaron las obras tras 3 prórrogas, fueron: A Construir S.A.S, Viñas Ruissi S.A.S y Castro Tcherassi S.A.

La Construcción incluyó 2 adiciones por $8.000 millones, 5 Otrosí modificatorios y 2 contratos adicionales.

Aunque esta obra fue incluida en el cupo de endeudamiento que permitió el Acuerdo 0016 de 2016 del Concejo de Barranquilla por el orden de $622.000 millones de pesos, el registro presupuestal evidencia que los recursos no se ejecutaron bajo esa disponibilidad presupuestal.

Por el contrario, la construcción se realizó en 2017 con un CDP diferente al rubro autorizado por el cabildo.