Decisión del gobierno de Iván Duque complicó la crisis de los pasaportes

Sacar una cita para obtener el pasaporte se ha vuelto imposible. Los usuarios entran a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en las horas señaladas e invariablemente se encuentran con un aviso que señala: “No hay citas disponibles”.

La página asegura que solicitar la cita es fácil y que no se necesitan intermediarios. La realidad es otra: una mafia de tramitadores, vaya uno a saber cómo, se adueña de los turnos y cada vez que un usuario se queja en redes sociales por la falta de citas, alguien le responde pidiéndole que se comunique por mensaje de texto con un número telefónico con la promesa de que le resolverán todo.

Ya la intermediación ilegal se volvió normal y a los 172 mil pesos que vale el pasaporte la gente tienen que agregarle lo que le cobran por el turno electrónico que en algunos casos son 50 mil pesos y en otros puede llegar a 400 mil, porque no hay tarifa fija.

La congestión en la solicitud de pasaportes tiene tres causas, todas con origen en la pandemia:

- La primera es una decisión de la entonces canciller Claudia Blum, al comienzo de la pandemia. Con razones sanitarias justificadas ella ordenó cerrar esas oficinas y el cierre terminó extendiéndose por 5 meses.

- Segunda, cuando llegó Marta Lucía Ramírez se encontró con el represamiento y ordenó abrir con las precauciones del caso. Para evitar la congestión solo se atendía el 25 por ciento de las personas que usualmente llegaban a solicitar pasaporte antes de la pandemia. La atención parcial, también justificada, contribuyó a la congestión.

- La tercera, son las citas para expedición y renovación de visas para Estados Unidos. Como también allí hay un represamiento apreciable están dando esas citas para dentro de dos años. Por eso, muchos ciudadanos tramitan su pasaporte, aunque no esté vencido aún para llenar las formas con el número que esté vigente al momento de la cita.

Esas son las razones que se pueden apreciar a simple vista, pero hay una más grande y que se está haciendo sentir en casi todos los países. Por convenios internacionales desde hace unos años, los pasaportes tienen un chip electrónico, cuya mayor producción está en China.

Durante la primera fase del Covid-19 China cerró por seis meses la producción y la crisis se volvió mundial.

Pero a este problema mundial se le agregó uno de Colombia que tienes componentes jurídicos y políticos.

La Unión Temporal Pasaportes 2019, cuyo principal socio es la empresa Thomas Greg, tenía un contrato con Colombia que se vencía el 31 de julio de este año.

En marzo, la Cancillería colombiana había enviado una comunicación al contratista diciéndole que le iban a dejar al próximo gobierno la apertura y concesión de la licitación pero que prorrogarían el actual contrato hasta el 31 de diciembre para darle tiempo a la administración entrante de armar el proceso. A continuación la carta de la Cancillería:

Era un plazo razonable. Sin embargo, cuando fue evidente que quien iba a ganar la presidencia era Gustavo Petro, la Cancillería decidió prorrogar el contrato sólo hasta el 31 de octubre.

Así es que el nuevo gobierno heredó la crisis de producción y entrega y le tuvo que sumar la misión imposible de armar una licitación internacional y multimillonaria en menos de 90 días.

Resultado de una decisión que para algunos fue una patanada del gobierno saliente para producir una crisis más que afecta a la administración Petro, pero sobre todo a cientos de miles de ciudadanos que necesitan su pasaporte.

Hoy es 28 de septiembre y al contrato de suministro de pasaportes solo le quedan 34 días.

A quien le corresponde solucionar este delicado asunto es al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores José Antonio Salazar Ramírez y en últimas al canciller Álvaro Leyva.

Lo evidente es que la cuenta regresiva está activada. A la crisis que ya viven los ciudadanos que piden pasaporte no se le puede sumar la terminación del contrato con el proveedor actual sin poder remplazarlo por otro.

Es evidente que con la situación creada por la crisis de suministros de chips, resulta imposible encontrar otra empresa que se haga cargo de un mes a otro.

No hay tiempo suficiente para una licitación internacional, pero también hay dudas jurídicas sobre la posibilidad de una segunda extensión al contrato actual mientras se organiza el proceso.

Todo habría podido evitarse si el anterior gobierno hubiera hecho uso de las normas que le permitían extender el contrato hasta el 31 de diciembre, que es lo que en últimas le tocará hacer a este bajo alguna figura de urgencia evidente.

Solucionar la crisis de expedición de pasaportes y que los ciudadanos los puedan pedir sin cita previa y recibirlos en un día, como sucedía antes, tomará al menos 9 meses más. Esta situación no se va a normalizar antes de julio del año entrante.

Paciencia.

Bonus track: Se dañó el plan para que Colombia votara por el candidato de Panamá a la Organización Panamericana de la Salud a cambio de que el vecino país le cediera su turno para estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el gobierno de Gustavo Petro.

El plan se arruinó porque Panamá descubrió que tiene los votos necesarios para pasar a la segunda ronda sin Colombia, es decir sin ceder su turno en el poderoso Consejo de Seguridad.

En consecuencia, Colombia votará por la candidata mexicana Nadine Gasman Zylbermann.

De todas maneras los 20 votos que el exministro de salud Fernando Ruíz decía tener, no parecen ser ciertos. Al momento del retiro de su candidatura, por parte del gobierno colombiano, ninguno de esos votos estaba confirmado. Ni uno de ellos.