A propósito de las revelaciones en <a href="https://www.wradio.com.co/2022/09/23/puntos-clave-del-proyecto-de-ley-de-sometimiento-de-disidencias-y-bandas-criminales/" target="_blank">El Reporte Coronell</a> de un borrador del que sería el <b>proyecto de ley para el sometimiento de las disidencias y las bandas criminales</b>, La W conversó con distintos juristas sobre el debate que se podría avecinar.Jaime Granados, abogado penalista, aseguró que sin tener un texto oficial cualquier opinión es “sujeta de revisión”. Sin embargo, <b>ese tipo de esfuerzos deben ser “bien recibidos”</b>.“Todo esfuerzo que se haga desde la institucionalidad para el sometimiento de delincuentes debe ser bien recibido, <b>es una obligación del Estado lograr ese sometimiento</b>”, indicó.En cuanto a las trabas, dijo: “el problema está en el cómo, en términos generales está bien intencionado,<b> la única preocupación que tengo es las facultades al defensor del Pueblo en la defensa de las víctimas</b>, no creo que sea compatible con la constitución que se le pueda ordenar al fiscal que corrija la imputación”.Vale resaltar que en ese borrador y motivos del proyecto de ley que<b> busca el desmantelamiento de los grupos criminales</b>, uno de los aspectos más polémicos es la “Entrega anticipada de bienes”“El tema está es en los detalles y que no se preste para ocular bienes,<b> hasta ahora el Estado no ha mostrado capacidad para encontrar esos bienes</b>”, dijo Granados.El abogado<b> Iván Cancino</b> también se pronunció sobre este punto. “La mayoría de las personas que son sometidas a extinción de dominio están peleando por su inocencia dentro de un proceso penal que son los delitos que derivarían después. <b>Si se plantea bien, va a funcionar porque la persona va a reconocer los delitos</b> y le queda mejor entregar la lista de lo que adquirió y quedarse con un porcentaje que hoy la ley lo permite”, expresó Cancino.<b>Miguel Ángel del Río</b>, quien también es penalista, se pronunció sobre los elementos de esta iniciativa. Aunque no conoce en detalle el documento, aplaudió la iniciativa del Gobierno, pero <b>le preocupa “las ambiciones oscuras” de los grupos armados</b>.“No creo en este tipo de acuerdos porque l<b>o que hacen las organizaciones criminales es rearmarse y reincidir, es muy complejo que las organizaciones pongan un listado de bienes, lo que les interesa es legalizar</b> <b>los bienes adquiridos</b> y que sean otros actores de disidencias los que continúen con el negocio criminal”, dijo Miguel Ángel del Río.El abogado Miguel Ángel del Río también indicó que la <b>paz total</b> “no puede ser el ejercicio de la impunidad”.El abogado <b>Diego Martínez</b> dijo: “me parece que lo que podría proceder es dedicar estos recursos a la reintegración de territorios”.Carlos Oswaldo De la Espriella, exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también se pronunció sobre esta propuesta. Para este <b>jurista</b>, con este tipo de ideas surgen manifestaciones sobre la legitimidad del Estado.“Una lucha estatal contra el crimen necesitaba ser negociado, pero me parece que es extender ese tipo de gabelas,<b> sacrificar la legitimidad estatal por un propósito que, desde mi punto de vista, no está muy claro</b>”, indicó Carlos Oswaldo De la Espriella.Este exmagistrado también indicó que no es equiparable el tema de criminalidad organizado de grupos con banderas políticas con quienes cometen actos ilícitos.