¿Teléfonos de oficina a $3.5 millones? Polémico contrato en Bogotá

Bogotá

Sigue La W conoció la denuncia de presuntos sobrecostos en un contrato en la Secretaría de Salud de Bogotá. La entidad estaba comprando teléfonos para oficina por un valor de $3.5 millones cada uno para las subredes de la cuidad.

El objetivo de ese contrato era realizar las operaciones a nombre de la Secretaría de Salud y por cuenta del Fondo Financiero Distrital de Salud. En el contrato se habla de la adquisición de equipos de cómputo, digiturnos, portátiles y teléfonos IP.

Justamente este último ítem llamó la atención en el Concejo de Bogotá cuando se reveló que se estaban adquiriendo 360 teléfonos IP para oficinas por un precio final de $3′479.323 cada uno.

María Victoria Vargas, concejal de Bogotá, encontró una resolución en donde se autoriza la entrega y el traslado físico y definitivo de la entrega de teléfonos a una de las cuatro subredes. En este caso, en la de Centro Oriente, fueron entregados 100 de esos teléfonos.

“Fueron 360 teléfonos por ese valor, encontramos un sobrecosto de más de $1.600 millones mientras la salud está en cuidados intensivos. Propuse una moción de censura para el secretario de Salud porque la Contraloría investiga un posible detrimento fiscal”, aseguró Vargas.

¿La Secretaría de Salud de Bogotá se hace pasar como víctima?

De acuerdo con la concejal, la respuesta desde la Secretaría de Salud es que no se ha pagado por los teléfonos. Incluso aseguran que el supervisor encontró unas irregularidades y lo pasaron a control interno.

“Dicen que la víctima no son los usuarios ni los recursos públicos, dicen que la Secretaría de Salud también se presenta como víctima”, aseguró la concejal Vargas.

Vale resaltar que el contrato se firmó el 21 de diciembre de 2021 y desde el 10 al 21 de junio de 2022 se empezaron a hacer las entregas en sitio. El 18 de julio, la Subdirección de Bienes revisó el ingreso al inventario y constató que los teléfonos tenían un valor con sobrecosto comparados a una compra que se hizo anteriormente.

El 27 de julio de 2022, el supervisor solicitó información al estructurador del proceso sobre sobrecostos. El 1 agosto trasladó a control interno disciplinario, el 16 de agosto trasladó a oficina jurídica, y el 30 de agosto denunció ante Fiscalía.