Reforma política supera su primer debate con transfuguismo y voto obligatorio

Durante más de ocho horas, los congresistas de la Comisión Primera del Senado discutieron, en primer debate, el acto legislativo que reforma el sistema político colombiano.

En el articulado se aprobó la lista cerrada y el voto obligatorio durante las dos elecciones siguientes a la promulgación de esta iniciativa, sin sanciones o consecuencias para los ciudadanos que no concurran a las urnas.

Este último fue uno de los aspectos que más generaron controversia. Por ejemplo, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa advirtió que esta disposición “no resuelve el problema de crisis de representatividad” y defendió la legitimidad de la abstención.

Por el contrario, el senador de la Alianza Verde Centro Esperanza, Ariel Ávila, aseguró´que “el voto obligatorio hace más difícil que operen las grandes maquinarias”.

“Entonces obligamos a nuestros jóvenes a que empuñen armas y no los obligamos a que tengan derecho al voto, ¿cómo es eso?”, cuestionó.

En esa misma vía, el Estado deberá garantizar la gratuidad en el servicio público de transporte durante las jornadas electorales.

Además, se aprobó la propuesta para que ningún ciudadano pueda ser elegido por más de cuatro períodos consecutivos, es decir 16 años, en el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea Departamental, el Concejo Distrital o Municipal, y la Junta Administradora Local.

En cuanto al transfuguismo, congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical, entre ellos Jorge Benedetti, María Fernanda Cabal y David Luna, pidieron eliminar la posibilidad de que un político pueda cambiar de partido, por única vez, para aspirar a un cargo de elección popular renunciando seis meses antes de la inscripción, pero no fueron respaldados.

El senador Benedetti advirtió que el hecho de que un militante se inscriba en otra colectividad puede defraudar la confianza del electorado y convierte a los partidos en “empresas de avales”.

También se decidió que la financiación de los partidos será prevalentemente estatal y no se destinará a candidatos en particular, con el fin de eliminar los conflictos de interés. Y los congresistas elegidos podrán renunciar a sus curules para formar parte del Gobierno Nacional.

“Se ha aprobado una reforma política anticorrupción que arranca de raíz el clientelismo corrupto, cierra las listas a la financiación del narcotráfico y de la corrupción; garantiza la paridad de género de una manera transitoria y la mayoría de las normas aplicarán a partir del 2026 por consenso con los partidos. Hasta ahora la elección del 2023 se mantendrá con las reglas actuales”, dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras.

En el debate se mantuvieron las facultades de la Procuraduría General para sancionar a servidores públicos de elección popular.