JEP prorroga medidas cautelares sobre cinco cementerios de caldas
En la decisión, aunque se valoró la intervención de varios de los puntos en los distintos camposantos, se alertó que hay zonas como los osarios sobre las que necesitan acciones prontas para evaluar los cadáveres.
Imagen de referencia de cementerio. Foto: Colprensa.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prorrogó por seis meses las medidas cautelares sobre los osarios comunes de los cementerios de Norcasia, San Agustín, y San Diego en Samaná (Caldas; y San Maximiliano y Pradera en Victoria, Caldas) en el marco de la búsqueda de restos de víctimas de desaparición forzada.
La decisión se fundamentó en que aunque la Unidad de Búsqueda (UBPD) ha realizado labores de intervención en varios puntos protegidos en los cementerios y se han recuperado decenas de cuerpos, los osarios comunes aún no han sido intervenidos y los riesgos de eventuales manipulaciones o destrucción de restos persiste.
“...se ha constatado que de manera indiscriminada restos de cuerpos no identificados de posibles víctimas del conflicto fueron depositados en los osarios y que, no se ha logrado avanzar por parte de la UBPD en las acciones de prospección y recuperación de cuerpos no identificados en los lugares relacionados”, señala la decisión.
Por otra parte, y precisamente sobre esos puntos, la jurisdicción expresó en su orden de prórroga de las medidas de protección la necesidad de que en los siguientes seis meses se establezca la metodología “que permita decidir si es viable el abordaje forense de los osarios en relación con los cuales permanecerá la medida cautelar y, además, podrá avanzar la UBPD en sus acciones humanitarias orientadas desde este trámite cautelar” concluyeron.
Asimismo, la Sección en cabeza de la magistrada María del Pilar Valencia también extendió por seis meses las medidas cautelares sobre un punto en el cementerio San Maximiliano en el que se indaga una zona en la cual habrían sido inhumadas 75 personas no identificadas, tesis impulsada por testimonios de conocedores directos de los entierros.
“...no me acuerdo cuantos, los traía el cuerpo de bomberos. Eran por muerte violenta. Casi todos eran muertos por arma de fuego. (…) Los traían, luego los llevaban a la morgue, venía el médico les hacia la necropsia y ya el sacerdote daba la Autorización para la sepultura” indicó uno de los entrevistados.
El otro punto que seguirá bajo la lupa de la JEP es un terreno aledaño al cementerio vereda Pradera en el que hay información sobre posibles cuerpos enterrados allí.
Finalmente, la JEP hizo un llamado a la Unidad de Búsqueda y demás entidades para que adelanten acciones prontas y efectivas sobre estas zonas, para dar respuesta a las víctimas. Asimismo, levantó las medidas cautelares sobre el resto de zonas que habían sido protegidas en los cementerios tras su intervención desde el año pasado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
