JEP: Piden indagar políticas “nefastas” de Brigada 4 tras operaciones de Montoya

Colombia

La W conoció el documento de observaciones de la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de los falsos positivos en Antioquia, en el cual pidió indagar a fondo las políticas “nefastas” que aplicaron los comandantes de la Cuarta Brigada del Ejército, tras las operaciones “Marcial”, “Mariscal” y “Orión” bajo la comandancia del general Mario Montoya.

De acuerdo con el ministerio público, tras estas operaciones el contexto operacional en la zona cambió como por ejemplo la baja o inexistente presencia de grupos guerrilleros, pero las políticas no, y la presión por resultados tampoco, lo cual habría facilitado la comisión de falsos positivos para “aliviar” la presión que venía desde los comandantes.

“Resulta altamente cuestionable que, a sabiendas de la poca presencia de grupos guerrilleros (...) se implementaran políticas de presión operacional que privilegiaran exclusivamente las bajas en combate, se reitera, contra un adversario que difícilmente entraría en contacto. Estrategia negligente adoptada sin un esquema de controles consecuente con la elevación del riesgo que se causaría” solicitó la Procuraduría.

Además, la Procuraduría criticó que, aún a sabiendas de que los objetivos militares (grupos guerrilleros) no estaban presentes en la zona del Valle de Aburrá, la Cuarta Brigada aún así implementó grupos especiales como Pelotones Antiterroristas Urbanos (PAU) y Agrupaciones de Fuerzas Especiales (AFEUR), que terminaron “batiéndose” contra grupos de delincuencia común de forma desproporcionada y matando civiles.

“...un ejercicio militar completamente desproporcionado que desconoció las reglas del DIH y en especial el principio de distinción. Todo ello aunado a la selección deliberada de civiles, completamente ajenos a la conducción de hostilidades, que fueron asesinados” señaló el ministerio público.

Por otra parte, el ministerio público solicitó indagar más a fondo sobre la llamada “Casa Orión” ubicada en la comuna 13 y la cual fue sede de los pelotones antiterroristas (PAU), debido al lugar elegido para su ubicación y la información sobre presunta utilización de la misma por grupos paramilitares al mismo tiempo.

“...es preciso indicar la forma de selección de estos espacios en la zona Urbana, toda vez que, en el caso al menos de Casa Orión, esta habría sido utilizada por los grupos paramilitares como una base de operaciones en la Comuna No. 13. Así, por ejemplo, se podría indagar si la selección de esta casa no solo habría podido responder a una ubicación estratégica privilegiada, sino también a un ejercicio de control por medio del miedo” expresó el ministerio público.

En línea con lo anterior, por ejemplo en confesiones como la del sargento William Darley García se mencionó el secuestro de una persona que fue posteriormente asesinada, la cual estuvo un día completo en una camioneta detenido por los soldados, al frente de la casa Orión.

“Esta persona duró todo el día guardado en la camioneta, la camioneta parqueada en Casa Orión, la camioneta todo el día estuvo parqueada en Casa Orión mientras que en el transcurso del día se iba ubicando el sitio donde esta persona iba a ser asesinada. Obviamente en la vereda con el fin de que los habitantes vieran que al famoso RAMBO ya lo habían dado de baja” señala la confesión del sargento.

Adicionalmente, el ministerio público pidió llamar a declarar a varios reclutadores de víctimas que fueron mencionados por los comparecientes, por ejemplo alias ‘Papito’, alias ‘Juan Yepes’ o alias ‘Rubelio’. En el mismo sentido se pronunciaron sobre la funcionaria de la Justicia Penal Militar Luz Marina Polanco que participó en distintos levantamientos de los cuerpos de las víctimas.

Por otra parte, la Procuraduría pidió que se llame a los comandantes de varias unidades como la Fuerza de Tarea Dragón y pelotones antiterroristas urbanos, “el Ministerio Público encuentra procedente llamar a Jackson Moreno, Ocampo González y Carlos Andrés Nivia Serrano, compareciente del sub caso Costa Caribe” concluyó el ministerio público.

Finalmente, desde la procuraduría delegada manifestaron la necesidad de investigar a fondo la destinación de recursos públicos provenientes de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia que fueron a parar al Batallón Ospina.