Condena por lavado de activos afectaría a dueños de viviendas de Constructora Grama

Por lo menos 11 proyectos de vivienda, en varias regiones del país, de la firma Grama Construcciones, del Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A., siguen inconclusos y los propietarios no saben a quién acudir para recuperar parte de los dineros invertidos.

Si bien en diciembre de 2020 la Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la empresa constructora tras declararse en quiebra, los líos judiciales de su presidente, el exembajador Fernando Marín Valencia, han complicado aún más el panorama.

Marín Valencia, implicado en el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, fue condenado a cuatro años y medio por soborno y cinco años y 10 meses por lavado de activos. Esta última, de la cual no se conocía su decisión, fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de diciembre de 2020 y actualmente se encuentra en casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la Fiscalía, el exdiplomático recibió $4.723 millones por parte del contratista Emilio Tapia Aldana, los cuales habrían sido entregados tanto en efectivo como en cheques y otros títulos valores.

De estas transferencias, en junio de 2009, le fueron entregados $2.223 millones y los restantes $2.500 millones días después en la oficina de Tapia Aldana.

En cuanto a la condena por el delito de soborno, se supo en su momento que Fernando Marín y su abogado Richard Harris le ofrecieron 100 millones de pesos a Emilio Tapia para que guardara silencio en el proceso que se le adelantaba por lavado de activos, hechos que fueron aceptados al declararse culpable.

Actualmente, Marín se encuentra pagando su condena bajo el beneficio de detención de domiciliaria, y dentro de los compromisos que adquirió para recibir una rebaja en la condena estaba el de restituir la totalidad de los dineros apropiados, indexados y con los intereses al día, lo que significa, según su abogado Jaime Lombana, que no se le debe abrir un proceso de extinción de dominio.

No obstante, al consultar algunos abogados penalistas expertos en estos procesos de lavado de activos, advierten que es potestad de la Fiscalía que se adelante o no un proceso de extinción de dominio con el cual, en este caso, se afectarían los bienes del exembajador por haber sido adquiridos con recursos de procedencia ilícita.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, en un derecho de petición, le solicito a la Fiscalía que en caso de no haberse iniciado el proceso de extinción de dominio en contra del señor Fernando Marín Valencia, se le inicie la investigación respectiva, con el fin de que se declare extinguido el dominio de los bienes.

Sigue la W consultó al ente investigador para que confirme si efectivamente se adelanta un proceso de extinción de dominio, pero hasta el momento no se tiene información al respecto.

Ahora, de ser atendida la denuncia de la Red de Veedurias o si ya existe y está en marcha un proceso de extinción de dominio, lo que procede es que a futuro se ocupen los bienes de Fernando Marín, entre otros la Constructora en proceso de reorganización, es decir que los proyectos de vivienda quedarían suspendidos mientras se define la suerte de la empresa que pasaría a ser administrada por la SAE.

Otro aspecto que llama la atención, sobre el cual advierte el presidente de la Red de Veedurías, tiene que ver con decisiones de archivo de investigaciones que favorecen al exdiplomático. Bustos busca establecer si dichos archivos tienen una supuesta relación con Erick Bluhum Monroy, quien además de ser funcionario de la Fiscalía también es pareja sentimental de Ana Milena Marín Ardila, hija del exembajador Fernando Marín.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que efectivamente Erick Bluhum Monroy trabaja en el cargo de investigador experto, con un salario cercano a los 12 millones y medio, pero que aparentemente no tendría injerencia en procesos de extinción de dominio.

¿Qué dicen los afectados?

Jessica Aylin Buitrago Franco, afectada por un proyecto de constructora Grama, aseguró en Sigue La W que lleva esperando por años condiciones dignas en su vivienda. Ella actualmente está en un apartamento que se construyó el en barrio Pijaos, en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá.

Según contó, no cuentan con las condiciones ni servicios públicos que prometió la constructora para el proyecto.

“El conjunto cuenta con servicios en obra, el agua la están tomando del barrio contiguo, en la torre 3 no tenemos agua, la única luz es la del pasillo. Es un riesgo porque puede haber un corto y es un riesgo para las personas que habitamos el conjunto. No sé si hay una red hidráulica en la que los bomberos se puedan apoyar, por ejemplo, en caso de una emergencia”, contó.

También aseguró que varios de los afectados se decidieron a ocupar los apartamentos, pues muchos tenían la ilusión de tener una vivienda propia.

“Nosotros pasamos a ocupar los apartamentos en vista que no nos responden, nos urgía tener la vivienda propia. Hay personas que murieron esperando que les entregaran sus unidades de vivienda”, agregó.

¿Qué responde la Constructora Grama?

Sigue La W también conoció las declaraciones de Juan Carlos Urazán, abogado representante de la Constructora Grama, quien indicó que el exembajador Marín no tenía vínculos con la empresa desde años atrás.

“Fernando Marín no tiene vínculo accionario con la compañía desde hace 10 años y hace 4 años no ocupa ningún cargo en la constructora”, indicó Urazán.

Sobre los reclamos de los afectados, indicó que por el momento la empresa está afrontando un proceso de reorganización que comenzó en el 2020 y que tiene la finalidad de terminar los proyectos de vivienda.

“La constructora tiene el compromiso de cumplir a los adquirentes. La constructora espera que a final del año y comienzos del otro mejoren los temas de escrituración, se está ante un proceso transparente”, dijo.