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El contrato que pondría en riesgo seguridad en cárceles del país

La vigilancia de la cárcel La Picota de Bogotá está presentando problemas debido a las supuestas fallas en los circuitos cerrados de televisión.

El contrato que pondría en riesgo seguridad en cárceles del país

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Carcel La Picota

En el Pabellón de Alta Seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá, al igual que en la cárcel de Neiva se estarían presentando problemas en la vigilancia por supuestas fallas en los circuitos cerrados de televisión que fueron estrenados el pasado mes de diciembre.

Cámaras que no funcionan, intermitencia en ocasiones, falta de capacitación para manipular los equipos son algunos de los inconvenientes que no han permitido su correcto funcionamiento, dejando vulnerable la seguridad de los centros penitenciarios, sobretodo La Picota, que este año ha estado en el ojo del huracán con las fugas de alias ‘Matamba’ y alias ‘Meme’.

El circuito cerrado de televisión fue supuestamente entregado a satisfacción, es decir, funcionando cien por ciento a principios de 2020 por el contratista Viotec S.A.S., que en su página web “ofrece el único programa de video-vigilancia colaborativa entre los sectores público y privado”.

Sin embargo, todo el proceso contractual tuvo su origen en un convenio interadministrativo entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec e Impretics, antes Imprenta Del Valle, para la “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de circuito cerrado de televisión y equipos de detección de elementos prohibidos para los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Inpec”.

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Dicho convenio (286-2020) se firmó el 22 de diciembre de 2020 por $3.100 millones, pero Impretics, como en otros casos, subcontrató a Viotec S.A.S. el 15 de julio de 2021 por un valor cercano a los $2.810 millones y con un plazo de ejecución de cuatro meses y 15 días. En La Picota se entregó el CCTV el 13 de diciembre de 2020 y en la cárcel de Neiva el 2 de diciembre de 2020.

No habían pasado más de dos meses cuando el entonces director del inpec, el general Mariano Botero, envió un oficio al director de la Uspec, Andrés Díaz Hernández, advirtiendo fallas en los equipos que se habían adquirido:

“(…)no se tuvo en cuenta la totalidad del anexo técnico”, cuando se firmó el convenio interadministrativo porque se eliminaron ítems o aspectos importantes para el correcto funcionamiento de los circuitos.

Dice que los circuitos cerrados de televisión “no cuentan con la base de auditorías; la cual permite verificar quién eliminó, quién borró y/o modificó las configuraciones del sistema” y que esto vulnera la seguridad de la información de la entidad.

Las unidades de grabación presentan apagados abruptos por ausencia de fluido eléctrico y agotamiento de la carga de la UPS” y advierte que la capacitación de los operadores y administradores de los CCTV fue virtual y que se requiere de una mejor capacitación.

Las fallas continúan, así lo advierte la guardia de los centros penitenciarios.

Declaraciones del presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios

Sigue La W habló con Óscar Robayo, defensor de DD.HH. y presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) acerca de esta problemática de vigilancia en algunos centros carcelarios del país.

De acuerdo con Robayo, las cárceles del país están contando con 75% de la seguridad, la cual depende del factor humano, pues el otro 25% es de carácter tecnológico que ofrecería el circuito integrado de televisión instalado por el contratista Viotec S.A.S.

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Según funcionarios de INPEC, “al parecer no funciona el 50% de las cámaras y del circuito de televisión”, pues indican que las cámaras no funcionan y han presentado intermitencia en ocasiones.

“Las cámaras presentan fallas eléctricas, no tienen protección contra rayos y en este tiempo de invierno ha afectado el funcionamiento, lo que está sirviendo es el 40% de lo que se contrató”, dijo Óscar Robayo.

En referencia a la capacitación que recibieron los encargados de la vigilancia en el Pabellón de Alta Seguridad, Robayo aseguró que “la capacitación no fue clara, no fue la eficaz para manejar ese tipo de elementos”, lo que también afecta y vulnera la seguridad.

Por su parte, habló Yanny Carrión, subdirectora de Suministro de Bienes de Uspec, quien afirmó que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contrató a Impretics por que consideran que “ellos son idóneos y tienen la experiencia”.

En referencia a las fallas, comentó que no es la primera vez que se tienen inconvenientes tecnológicos, sin embargo, advirtió que siempre se han solucionado, e incluso contó que hace algunos meses se presentaron problemas que a los dos días fueron subsanados.

“El establecimiento se comunica con la central, la central se comunica con la Uspec y la Uspec habla con Impretics y ellos tienen la obligación de subsanar estas fallas”, dijo Carrión.

Reviva la entrevista completa aquí:

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