Ya son 4 generales implicados en fraude de carros blindados

La investigación por la multimillonaria compra de carros blindados que adelanta la Fiscalía General de la Nación sigue creciendo. Les habíamos contado que incluye a 9 entidades públicas, entre las que está la propia Fiscalía. El capítulo de la Policía Nacional merece mención especial.

Una investigación interna de la Policía entrega más pistas sobre el funcionamiento de esta red de corrupción que incluye concesionarios de carros, compañías blindadoras, y funcionarios públicos entre los que están altos oficiales de la Policía Nacional. Como veremos más adelante, los generales de la institución mencionados en la investigación que eran 2 ya llegan a 4.

La pesquisa interna se inició y tuvo su mayor desarrollo cuando el general William Salamanca estuvo a cargo de la Inspección General de la Policía.

Como les hemos contado el propósito de la operación delincuencial era controlar la contratación de compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados, no blindados y vehículos tácticos especiales.

A través de una empresa llamada originalmente M&M y que ahora opera bajo el nombre de 7M, controlan las licitaciones desde los requerimientos técnicos hasta la elaboración de los pliegos que salen hechos a la medida para que ganen los concesionarios de ventas de carros y las compañías blindadoras que hacen parte del entramado, de acuerdo con la tesis de la investigación. La Fiscalía tiene comunicaciones que demostrarían contactos y sobornos de funcionarios.

Los dos directivos de 7M que presuntamente articulan la operación ilícita son el gerente Yonn Jairo García Rivera y el socio controlante Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. El señor Manjarrés además está casado con Marcela Montés Zuluaga, gerente de Kobe una de las firmas presuntamente involucradas.

Para ellos tres y para otras cinco personas, entre los que hay representantes de grandes concesionarios y empresas blindadoras, la Fiscalía ya citó a audiencia de imputación.

La investigación interna de la Policía Nacional indica además que en este supuesto concierto para delinquir habrían participado al menos dos funcionarios de Colombia Compra Eficiente, la agencia de compras del Estado creada paradójicamente para luchar contra la corrupción, evitar desviaciones y favoritismo.

Una de esas funcionarias, antes de entrar a la entidad estatal, trabajó en una de las empresas del señor Manjarrés, el gran cerebro de la operación. La Fiscalía determinará si ella fue plantada en la nómina pública con el objeto de favorecer los intereses de los contratistas.

Un segundo funcionario de Colombia Compra Eficiente descubierto por la investigación policial transitó el camino contrario: Primero trabajó para el Estado y después se convirtió en directivo de una empresa de Manjarrés.

Varios miembros de la Policía Nacional pasaron de elaborar condiciones de contratación, establecer requisitos técnicos y aprobar contratos, a trabajar con las empresas contratistas.

Entre ellos están el señor coronel Humberto Alejandro Mesa Restrepo, quien pasó de trabajar en la DIRAF, la dirección administrativa y financiera de la Policía, como jefe de movilidad a Director Comercial de la empresa Kobe, gerenciada por la esposa del señor Manjarrés. Kobe adapta tanquetas y hace adecuaciones de vehículos de la fuerza pública para ponerles luces, balizas, pintura policial y otras adaptaciones.

Otro de ellos es el señor Capitán Luis Eduardo Espinoza Sabogal que en la DIRAF de la Policía era el responsable del seguimiento contractual y que se retiró para convertirse en director comercial de 7M del señor Manjarrés.

Estos dos oficiales no son los únicos que hicieron ese tránsito que investigó en su momento la Inspección General de la Policía y que ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Hay al menos otros cuatro uniformados en similar situación.

En el Reporte inicial sobre este tema les mencioné que la Fiscalía tiene indicios que involucran en esta operación a los señores generales de la Policía Yesid Vásquez, quien fue inspector de general y Rodolfo Palomino, antiguo director de la Policía Nacional.

Una declaración, en poder del ente investigador, menciona a otros dos generales. Son ellos el antiguo director del Fondo Rotatorio de la Policía, general Gabriel Parada Díaz y el general Saúl Torres Mojica, quien también ocupó ese cargo. El informante asegura que este último, el general Torres Mojica, usaba a un cuñado suyo como contacto con las empresas del señor Manjarrés.

8 de cada 10 contratos de la Policía favorecían a empresas relacionadas con el señor Manjarrés quien era un generoso donante de las actividades filantrópicas citadas por los generales de la institución y por sus esposas.

La información de la Fiscalía señala que los concesionarios de carros que presuntamente están involucrados en la trama son Sofasa Renault, Car Hyundai de Colombia (sobre este es importante anotar que la persona que figura como contacto clave ya no trabaja con Hyundai, lo hizo mientras esta marca estuvo representada por el ahora preso Carlos Mattos. Es decir los actuales representantes españoles y sus ejecutivos nada tienen que ver con esta operación ilícita). Suzuki Motos de Colombia en donde estarían envueltos dos ejecutivos: uno colombiano y uno japonés; Distoyota, empresa en la que 5 directivos habrían participado en el presunto entramado; Toyota de Colombia; Toyonorte, cuya cabeza Daniel Abello será imputado por la Fiscalía; Autoyota y Toyonorte.

El número de compañías blindadoras presuntamente implicadas también tiende a crecer. Además de Blindex y GMW, cuyos gerentes serán imputados por la Fiscalía. El ente acusador estudia la posible responsabilidad de los directivos de Blinsecurity, Centigon y Armor International.

Ya van cuatro generales de la Policía mencionados en estos hechos y es posible que esto siga escalando.