CIDH: estado reconoció responsabilidad por asesinato de Farc a dos campesinos
En el acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, la Agencia Jurídica del Estado aceptó responsabilidad por omisión en el crimen del que fueron víctimas los labriegos. El ente internacional avaló las acciones desplegadas por la agencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló el reconocimiento de responsabilidad del estado colombiano por el homicidio de los hermanos J. C. y J.C.J. (nombres anonimizados por solicitud de las víctimas) quienes fueron asesinados por la extinta guerrilla de las Farc en el año 1986 en la zona de Urabá en Antioquia. De acuerdo con la petición que llegó en su momento a la CIDH, los hombres fueron ultimados cuando trabajaban en una finca.
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“...el señor J.C.C.J. habría estado durmiendo en una finca cuando habrían tocado la puerta y al salir habría recibido varios impactos de bala que le habrían provocado la muerte. Asimismo, la peticionaria indicó que el señor J.C.J. habría sido abaleado mientras se encontraba terminando de embarcar un cargamento de plátano para la Unión de Bananeros de Urabá” señaló la petición elevada por una familiar de las víctimas.
El acto de reconocimiento de responsabilidad, se fundamentó en que el estado colombiano aceptó responsabilidad por omisión, por cuenta de que la inacción de las autoridades sobre garantizar protección en la zona, permitió la consumación del crimen, y además, porque 35 años después de los asesinatos los responsables nunca fueron individualizados y sancionados.
Además, se acordaron indemnizaciones para los miembros del núcleo familiar conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo de Estado.
“En nombre del Estado de Colombia reconozco la responsabilidad internacional por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en el mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de J.C. y J.C.J.” señaló la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Así las cosas, y tras las acciones previamente mencionadas, la CIDH aprobó el acuerdo de solución amistosa implementado y valoró positivamente el traslado del caso a la JEP, para que de esta manera, se avance en el esclarecimiento de la verdad sobre el crimen.