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Marelen Castillo y el uribismo quieren archivar proyecto que regula la eutanasia

El proyecto de ley estatutaria aplicaría para niños, jóvenes y adultos.

Marelen Castillo y el uribismo quieren archivar proyecto que regula la eutanasia

Hoy se metió ‘en Kamila de 11 varas’ el proyecto que busca regular la eutanasia para menores de edad y adultos.

Ya comenzó el pulso en el Congreso entre quienes quieren que sea una realidad y quienes buscan hundirlo.

Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y actual representante a la Cámara, se unió al propósito del Centro Democrático para archivarlo.

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En su ponencia advierte que se está manipulando el término porque se presenta, ante la opinión pública, como algo inofensivo, como “una muerte dulce” o “una muerte digna” para lograr aceptación.

Y asegura que “se está desconociendo que en la eutanasia un ser humano da muerte a otro”, de forma consciente y deliberada, por muy generosas que sean las motivaciones que lleven a ejecutarla. En otras palabras, considera que es una forma de homicidio.

Los congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y Juan Daniel Peñuela, también buscarán archivar el proyecto al asegurar que no está previsto en la Constitución, ni puede existir, el derecho fundamental a la muerte digna. Además, dicen que la vida como derecho supremo no puede afectarse ni judicial ni extrajudicialmente.

Otro de sus argumentos es que para preservar la vida digna se deben mejorar y garantizar plenamente los cuidados paliativos en varias ciudades, no solo en Bogotá, y mejorar la formación de los médicos en esta área.

Sin embargo, los alternativos entre ellos Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal; Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y muchos otros controvertirán estos argumentos defendiendo la idea de que el acceso a la muerte médicamente asistida y el goce del derecho a la muerte digna permiten a la persona ejercer su autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y vivir con dignidad.

También lucharán por crear normas para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud que hagan este procedimiento.