Lo que Colombia no quiere decir sobre su ausencia en sesión que condenó a Nicaragüa
Y tres bonus tracks: 1. ¿Nuevo intento para silenciar a la fiscal del caso Ríos Velilla? 2. Trasladan silenciosamente a Carlos Mattos. 3. El reversazo de la Policía.
Colombia
Hoy podrían ser cuatro los Reportes Coronell. Tengo cuatro informaciones importantes para entregarles y un solo reporte.
Primero, les quiero contar lo que la Cancillería no quiere decir sobre la ausencia de un representante de Colombia en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que tenía un único punto en el orden del día: aprobar una resolución condenando la violación de derechos humanos por parte de Daniel Ortega en Nicaragua.
Las razones para condenar el régimen de Ortega abundan: hay persecución a la prensa independiente, seis colegas están presos, otros han tenido que irse del país para no ser encarcelados, hay 1.800 presos políticos, la dictadura nicaragüense también persigue la libertad religiosa. Hoy cumple 10 días detenido, sin que se conozcan los cargos, monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa que se ha atrevido a alzar su voz contra los atropellos.
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Anoche, el canal Caracol divulgó la respuesta a un derecho de petición ejercido por el periodista Juan Carlos Merlano en el que la Cancillería de Colombia reconoció que la instrucción de ausentarse de la sesión -vale decir de no estar ahí para condenar a Nicaragua- vino directamente del ministro de relaciones exteriores Álvaro Leyva.
El periodista Merlano también preguntó: ¿Por qué se dio esa instrucción? Y la respuesta fue que “hay delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.
El Reporte Coronell pudo establecer cuáles son esos “delicados aspectos de carácter confidencial”.
Colombia está tratando de negociar con Nicaragua la aplicación de la última sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, promulgada en abril de este año.
¿Qué es lo que dice esa sentencia? Que Colombia debe cesar inmediatamente sus operaciones de patrullaje, pesca e investigación marítima en los 75.000 kilómetros cuadrados de mar que La Haya le concedió a Nicaragua. Esto sucedió por una sentencia de 2012, después de un litigio de décadas.
La sentencia de La Haya le reconoció a Colombia su soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, pero le quitó una enorme cantidad de mar.
¿A qué está aspirando Colombia? A lograr conciliar con Nicaragua para llegar a un arreglo bilateral que permita a los pescadores raizales de San Andrés seguir trabajando en esas aguas.
Además de la importancia que esa decisión tiene para la economía de los isleños, un acuerdo en este aspecto podría abrir el camino para solicitar a la Corte Internacional de Justicia la suspensión de la audiencia por el tercer caso, como se llama uno de los pleitos que sigue pendiente.
A partir de eso, Colombia quiere buscar un arreglo por fuera de la Corte.
Esos son los “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial” que llevaron a Colombia a no acudir a la sesión que condenó a la dictadura nicaragüense.
¿Se justificaba o no? Como dice una vieja canción: “La palabra es de ustedes, me callo por pudor”.
Bonus track 1
A la fiscal Angélica Monsalve que imputó y tiene llamados a juicio a tres miembros de la poderosa familia Ríos Velilla, incluyendo al exconcejal Felipe Ríos, la están tratando de empapelar en lo que parece ser un nuevo intento para quitarle el caso.
El protagonista de la más reciente arremetida es un personaje que ustedes conocen: el fiscal delegado ante la Corte Suprema Gabriel Ramón Jaimes, el mismo que en lugar de actuar como fiscal se sumó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe en una actuación vergonzosa que le mereció el reproche de la juez del caso y el ridículo nacional.
Pues bien, el fiscal Jaimes citó a la fiscal Angélica Monsalve a una entrevista sobre las declaraciones que ella entregó aquí en la W y en el Canal Caracol donde denunció las presiones y el presunto tráfico de influencias de importantes personajes incluyendo a Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda.
Tendremos que estar pendientes de eso.
Bonus track 2
Este fin de semana, de manera silenciosa, casi clandestina, el empresario Carlos Mattos fue sacado de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a donde lo habían llevado después de sus paseos ilegales cuando estaba recluido en La Picota.
Después de soportar el frío de las montañas boyacenses por 178 días, Mattos fue trasladado a la cálida Barranquilla. A esta hora nos debe estar oyendo desde una casa fiscal en la acogedora cárcel de El Bosque.
Ojalá se porte bien.
Quedan muchas cosas por explicar sobre sus paseos y sobre las personas que recibían pagos suyos en La Picota. También se ha ido olvidando que recién llegado a la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita, recibió la visita de sus abogados de entonces Iván Cancino y Laura Kamila Toro, a quien Cancino llama su hechura.
A la doctora Toro le decomisaron unas gafas con una cámara espía oculta. ¿Para qué era? ¿Para grabar a Mattos diciendo algo o para que Mattos grabara a alguien?
La pregunta se fue quedando sin respuesta. Ahora Carlos Mattos va a necesitar unas gafas, pero de sol.
Bonus track 3
Al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, lo desautorizaron el ministro de Defensa Iván Velásquez y el presidente Gustavo Petro.
El lunes pasado, hoy hace una semana, el general Sanabria había anunciado el nombramiento del coronel John Harvey Alzate como director de la Inteligencia de la Policía, Dipol y al coronel Juan Miguel Thiriat como director de la policía Judicial, Dijín.
El viernes, Julio les contó que esos nombramientos se habían reversado súbitamente.
Pues bien, ayer domingo hubo un nuevo comunicado anunciando que la directora de la Dijín ahora va a ser la coronel Olga Patricia Salazar y el director de la Inteligencia, Dipol, será el coronel Arnulfo Rosenberg Novoa. Los dos ascenderán a generales en Diciembre.
El último comunicado explica que los ajustes en la línea de mando se produjeron “tras la revisión de la trayectoria y las hojas de vida de unos oficiales de la institución por el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el señor ministro de la Defensa Nacional Iván Velásquez Gómez”.
No recuerdo un precedente donde los anuncios de línea de mando de un director de la Policía hayan sido revocados por un gobierno (y, además, en menos de una semana).
Por último...
En la más reciente columna de Los Danieles, les conté que al correo del fiscal general Francisco Barbosa llegó una denuncia anónima contra Walfa Téllez, la esposa del fiscal y excontralora delegada para medio ambiente.
La columna “Fiscal en Apuros” explica que la esposa del fiscal es directora de una fundación que recibió un contrato por 190 millones de pesos de una entidad sobre la que ella había ejercido autoridad como contralora. La denuncia busca establecer si doña Walfa Téllez, esposa de Barbosa, violó el régimen de inhabilidades, un delito que consagra una pena mínima de 4 años de cárcel y una máxima de 12.
Lo que correspondía legalmente es que el fiscal se declarara impedido y la Corte Suprema de Justicia se pronunciara y eventualmente eligiera un fiscal ad hoc.
Sin embargo, en un golpe de astucia evidente, esperaron a que el fiscal viajara para que la vicefiscal Martha Mancera estuviera encargada del despacho y ella lo asignara a un delegado.
El asignado es un hombre de confianza del fiscal Francisco Barbosa. Se trata de Javier Fernando Cárdenas, el mismo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que lleva ahora el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.
Dice el comunicado que es un fiscal de carrera. Podrá ser de carrera en otro cargo, pero la posición de fiscal delegado ante la Corte es de libre nombramiento y remoción del fiscal general.
El señor fiscal está tomando provecho de su cargo y su autoridad para favorecer a su esposa Walfa Téllez en una investigación penal.
