Proyecto de ley busca solucionar el problema de las fotomultas en Colombia
Sigue La W conversó con Camilo Pabón, exviceministro de Transporte, sobre los vacíos y oportunidades que tiene este proyecto para regular las fotomultas.
Imagen de referencia de autos en las calles de Bogotá. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)
El Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que busca regular la situación con las fotomultas en el país. Dicha iniciativa surge después de que la Corte Constitucional tumbara la aplicación de estas sanciones, pues encontró un vacío.
El problema es que no se podía identificar al responsable de una infracción, pues podría ser el dueño del carro o cualquier otro conductor.
En la norma anterior era la autoridad la que tenía que demostrar quién fue el infractor. Con este nuevo proyecto, la responsabilidad pasaría al propietario del carro que, si no logra demostrar que no iba manejando, deberá ser el que pague la multa impuesta.
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Camilo Pabón, exviceministro de Transporte, celebró en Sigue La W la posibilidad de regular las fotomultas en Colombia. Aunque la calificó de “novedosa”, indicó que hay algunos puntos discutibles.
“Lo que busca solucionar este proyecto es que, por ejemplo en Bogotá, la Secretaría de Movilidad debe probar quién fue el infractor y solo el que fue infractor, lo pueden multar. Lo que pasaba antes es que la ley permitía que la Secretaría no lo probara y la multa iba directamente al propietario del vehículo”, explicó Pabón.
El exviceministro de Transporte también explicó que solo será el propietario el responsable en caso de no comparecer a una audiencia y suministrar información para encontrar al autor real en casos, por ejemplo, cuando roban un auto y se cometen infracciones.
“Cuando a uno lo citan, uno tiene el deber de declarar y se hace bajo juramento, pero si el propietario no va, no puede ser que sea automáticamente responsable”, explicó.
En cuanto a los vacíos que tiene este proyecto de ley, aseguró que aún no hay una propuesta sobre el proceso de notificación de las fotomultas.
“Tienen que dar ‘dientes’ a la autoridad que se encarga de las fotomultas. Investigaciones en la Superintendencia de Transporte se demoran alrededor de dos años, no hay una forma que el Estado controle cuando un municipio pone ilegalmente estas cámaras, la ley debería darle autoridad a la Superintendencia para que la suspenda sin esperar la investigación”, añadió.