Propuesta de Gustavo Petro sobre la extradición: ¿qué opinan en el Congreso?
Christian Garcés, representante a la Cámara, y Julián Gallo, senador, conversaron en La W sobre la idea de cambiar las condiciones de extradición para los narcotraficantes que negocien.
El representante a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, reaccionó a la propuesta del presidente Gustavo Petro para que los narcotraficantes que negocien beneficios jurídicos con el Estado colombiano, y dejen sus actividades delictivas, no sean extraditados.
A propósito, dijo que es desmotivante la forma en la que se está luchando contra el crimen.
Le recomendamos:
“Le deja a uno la inquietud de para dónde vamos. Porque, además, cómo va a controlar el Estado que ellos devuelvan todo el dinero que ganaron producto de las actividades ilícitas, dinero que acabó con familias colombianas por el consumo de drogas, con el presente y el futuro de tantos jóvenes que lastimosamente cayeron en el consumo de drogas”, señaló.
Y advirtió que muchos narcotraficantes que negocien, y salgan de alguna cárcel colombiana, guardarán dinero ilícito con testaferros.
“Yo sí creo que esta es una medida muy desafortunada. Yo no sé la comunidad internacional qué estará pensando de Colombia en estos momentos, el presidente habla de ver cómo se legaliza, inclusive, la coca. Yo creo que esto no está cayendo bien”, dijo.
Por su parte, el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, destacó la iniciativa argumentando que la extradición dejó de ser, desde hace mucho tiempo, un instrumento eficaz en la lucha contra el narcotráfico.
“Hoy en día los grandes narcotraficantes prefieren irse a Estados Unidos porque allí encuentran inmediatamente beneficios con solamente dar información y entregar parte de su fortuna. Es necesario entrar a revisar la forma en que se ha venido dando el relacionamiento por parte de los distintos gobiernos en las últimas décadas”, sostuvo.
El congresista agregó que los límites de los beneficios tendrán que ser establecidos de acuerdo a la Constitución y la ley.
“Aquí de lo que se está hablando, por parte del gobierno, es de generar una política de acogimiento por parte de esos grupos que no implica en ningún momento negociación de orden político puesto que estos grupos no tienen este carácter. Es la decisión de que abandonen sus actividades, que asuman unos compromisos de entrega de recursos que han adquirido por esos medios ilícitos, de reparar seguramente a las víctimas, de aportar verdad”, dijo.
