Deuda pública del Gobierno Nacional alcanzó un nivel histórico en 2021: Contraloría

La deuda pública del país pasó de $737,65 billones en 2020 (73.9% del PIB) a $874,88 billones (o sea el 74.3% del PIB), es decir, hubo un incremento de $137,23 billones.

Así lo señaló la Contraloría General, que agregó que dentro de la deuda total, $399,90 billones correspondieron a deuda externa (34,0% del PIB) y $474,97 billones a deuda interna (40,3% del PIB).

“La deuda ha crecido bastante en los últimos años. Particularmente entre 2020 a 2021 la deuda creció un 19%”, aseveró el contralor delegado para Economía y Finanzas Públicas, Carlos Castillo.

Por componentes, el deudor más grande del país es el Gobierno Nacional, con una deuda de $710,71 billones.

Al respecto, la Contraloría señaló que “se considera que es importante emprender un proceso de consolidación fiscal con miras a reducir la deuda a PIB y recuperar espacio fiscal para enfrentar las crisis futuras. Bajo esta concepción, la actual regla fiscal fijó un intervalo del nivel de deuda del GNC entre el 55,0% y el 70,0%, para lo cual se deberán efectuar los ajustes pertinentes en el balance primario estructural”.

Y es el que el Gobierno Nacional registró para 2021 un balance fiscal deficitario de $83,69 billones, equivalente a 7,11% del PIB, que es  inferior en 1,13 puntos porcentuales frente al registrado en 2020.

Entre tanto, la Contraloría evidenció incorrecciones que sumaron $49,30 billones, 14,3% del presupuesto definitivo, entre las que se encuentran:

• Aforo de recursos aprobados para el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en la vigencia 2021, cuando debieron figurar como pérdidas de apropiación de la vigencia 2020 en el rubro transferencias por $18,5 billones. Lo anterior, mediante Decreto 085 del 26 de enero de 2021, en una operación violatoria del principio de anualidad.
• Mayor costo fiscal por el efecto cambiario y la tasa de interés en cuantía por determinar, ya que se cubrieron pagos del servicio de la deuda interna con recursos del crédito externo por $6,39 billones.
• Incumplimiento de los principios presupuestales de anualidad y universalidad en el manejo del pago del servicio de la deuda pública interna en 2021, pues se constituyeron reservas por $5,3 billones que se utilizarán para cubrir el servicio de la deuda de la vigencia 2022, en una operación de manejo de la deuda externa.
• Incumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 respecto a los límites de las reservas presupuestales constituidas, sobrepasando el 2% de gastos de funcionamiento y el 15% de los gastos de inversión por $5,85 billones, pues las reservas totales se excedieron en un 2,6% de los gastos de funcionamiento y un 2,5% de gastos de inversión.
• Contravención del artículo 89 del Decreto 111, al permitir constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, sobrestimando así las reservas en $4,47 billones. Los anteriores hechos estuvieron enmarcados en el artículo 27 de la Ley 2159 de 2021 (Ley de Presupuesto General de la Nación vigencia 2022), lo cual se contrapone al reflejo de la realidad presupuestal, solo con el propósito de presentar un mejor déficit fiscal.
• Deterioro de préstamos por cobrar por $5,03 billones, correspondientes a préstamos de la Nación a Electricaribe. Este saldo surgió de la asunción de la deuda por parte de la Nación que Electricaribe tenía con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
• Incorrecciones evidenciadas en las auditorías individuales por $3,76 billones, de las cuales $0,88 billones correspondieron a incumplimientos en la constitución de reservas y destacándose también la vulneración de los principios de planificación, anualidad y sostenibilidad y estabilidad fiscal.
• Un total de 35 fallos con responsabilidad fiscal contra entidades territoriales y operadores del PAE hacia seis departamentos, 17 municipios y una entidad del orden nacional por $7.901 millones.
• Y un total de 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $32.282 millones, como resultado de 17 actuaciones especiales de fiscalización a la gestión de los planes departamentales de agua en Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.