Las pruebas que ordenó la Corte en proceso contra Álvaro Uribe por paramilitarismo

La W conoció en exclusiva un documento de 71 páginas en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó pruebas para determinar si hubo responsabilidad u omisión del expresidente Álvaro Uribe frente a los ataques a la población civil de Ituango, Antioquia, sucedidos en 1996 y 1997 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando fue gobernador de Antioquia

El proceso de El Aro en contra del expresidente recoge dos masacres, el crimen de Jesús María Valle y nexos con grupos de Autodefensas.

La primera petición de la Corte fue solicitar a Senado y Cámara de Representantes los periodos legislativos de Uribe. También solicitar a la Procuraduría General de la Nación una copia del proceso disciplinario seguido contra el senador Iván Cepeda con todas las declaraciones de las visitas que hizo a centros de reclusión en el país.

Cabe recordar que cuando Uribe era senador de la República y estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, renunció a su curul y la investigación pasó a ser competencia de la Fiscalía General de la Nación.

A la Corte llegó la declaración de alias ‘Alberto Guerrero’, excomandante del Bloque de Autodefensas Cacique Pipintá, quien afirmó que, a mediados de la década de 1990, se conformó un grupo paramilitar en el Municipio de San Roque, Antioquia, que utilizaba como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, que era propiedad del entonces gobernador Álvaro Uribe.

La alta corporación ordenó una copia de la Procuraduría de la sanción al teniente Everaldo Bolaños, del cabo primero Germán Antonio Alzate Cardona, del proceso del mayor general Carlos Ospina Ovalle y del teniente capitán Germán Morantes Hernández. Para la época de estas masacres, estos uniformados trabajaban en las Fuerzas Militares.

También le piden a la Procuraduría de Caucasia una copia del proceso disciplinario contra los miembros del Ejército Nacional por la masacre de El Aro en 1997.

A la Defensoría del Pueblo del municipio de Ituango para los años 1996 y 1998, le pide una copia de todas las denuncias recibidas por Jesús María Valle, relacionadas con la presencia de grupos ilegales.

De hecho, la misma Corte pidió a su Sala de Instrucción que, en un término de 45 días, conformara una comisión especial que desglosara todo un perfil, con información familiar, antecedentes y demás detalles, acerca de un listado de más de 50 personas en el que encabeza la lista el asesinado Jesús María Valle.

La Corte le ordena al ministro de Defensa que remita toda la documentación que reposa en sus archivos de las fechas de ingreso y retiro, lugares de traslados y procesos disciplinarios de Flavio Buitrago, el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, quien fue dejado en libertad condicional.

También ordena al Alto Comisionado de Paz toda la información que se tenga de Pablo Hernán Sierra, alias ‘Pipinta’, quien afirmó que la hacienda de Uribe era la base de operaciones de su grupo paramilitar.

A la Secretaría del tribunal de Justicia y Paz, se requirieron todas las declaraciones que se hayan rendido en contra de Álvaro Uribe, de una lista de más de 40 personas, entre quienes se encuentran Juan Guillermo Monsalve, Hernán Sierra y Salvatore Mancuso.

La Corte oficia a la Brigada 4 del Ejército, el Batallón de Girardot y la estación de Policía de Ituango sobre las posiciones y desplazamientos que tenían las tropas entre 1996 a 1998, así como las copias de las actas de las reuniones en las que participó Uribe como gobernador. Así mismo, se solicitan las medidas adoptadas antes y después de las masacres.

También deberán entregar copia de las denuncias y quejas interpuestas por Jesús Maria Valle sobre el actuar de grupos al margen de la ley.

Los magistrados ordenan una inspección a los archivos de la Alcaldía de Ituango y a la Gobernación de Antioquia sobre Jesús María Valle y las órdenes dadas a las autoridades frente a las incursiones paramilitares que se adelantaron en la época.

Solicita la información sobre el hurto de 600 cabezas de ganado en la Hacienda Guacharacas en Córdoba, propiedad de la familia Uribe Vélez, e información sobre la muerte de Tobías Mira (empleado de la finca) y el asesinato de unos carniceros de la zona como represalia a ese hurto.

La Corte pide la información sobre una masacre realizada por la AUC para 2001, bajo las órdenes de Carlos Castaño, con la finalidad de “rescatar” una finca llamada Mesa Verde, al parecer propiedad de Uribe.

Ordena también investigar qué personas conformaban el esquema de seguridad del expresidente cuando fue gobernador y si dentro del mismo se encontraba Camilo Rodríguez, quien al parecer tenía un vínculo familiar con Carlos Rodríguez alias ‘Zeus’.

La alta corporación pide oficiar a esta emisora, W Radio Colombia, para que remita las grabaciones de las entrevistas hechas a Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y José Everth Veloza, alias ‘HH’, en 2018.

La Corte ordena realizar inspecciones al juzgado que lleva el caso de Santiago Uribe, al proceso judicial que se adelanta contra Jorge Osorio alias ‘Rodrigo’, al proceso contra Ramiro Vanoy, al proceso que se adelantó contra Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao, al proceso que se adelanta por el homicidio de Carlos Enrique Areiza y al proceso contra Luis Alfredo Ramos.

Por último, se piden los testimonios de:

• Juan Guillermo Monsalve
• Santiago Gallón
• Rito Alejo del Río
• Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’
• Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’
• Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’
• Arturo Salóm, alias ‘JL’
• Eduardo Montealegre, exfiscal
• Jorge Perdomo, exfiscal
• Gisele Jaller Jabbour
• Edilson Hoyos, alias ‘El Canoso’
• José Miguel Gil, alias ‘Federico’
• Juan Carlos Sierra, alias ‘Tuso Sierra’
• Elmo José Mármol

La defensa de Uribe pidió los testimonios de:

• Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’
• Carlos Enrique Vélez, alias ‘Don Víctor’
• Jaime Jaramillo
• Mayor Jorge Humberto González
• José Everth Veloza, alias ‘HH’
• Monseñor Julio César Vidal
• Eurídice Cortés, alias ‘Diana’
• Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’

La Fiscalía General de la Nación, que ahora tiene la investigación en sus manos, recibió hace un año una solicitud del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pidiendo información de cómo avanza el caso contra Uribe.

Sin embargo, esta fue negada a pesar de que fue este mismo magistrado quien le remitió la compulsa de copias.

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