Internacional

Fiscalía abre una causa penal al vicepresidente de Paraguay señalado por EE.UU.

La fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, dispuso “investigar los hechos con relación a la declaración” del embajador de EE.UU.

Hugo Velázquez. (Photo by NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images) / NORBERTO DUARTE

El Ministerio Público de Paraguay anunció este martes la apertura de una “causa penal” contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, después de que EE.UU. lo acusó de participar “en actos de corrupción significativos” y prohibió su ingreso a ese país.

En concreto, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, dispuso “investigar los hechos con relación a la declaración” del embajador de EE.UU. en el país, Marc Ostfield, en la que se ponen en “conocimiento hechos que pudieran ser de relevancia penal” y que hacían referencia a Velázquez, explicó ese despacho en un comunicado.

El organismo investigador indicó que los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, serán los encargados de la causa.

Consultado al respecto, Velázquez explicó a la Radio Monumental que debido a que el Ministerio Público no tiene una denuncia sobre el hecho que se le atribuye, “la única manera de solicitar los antecedentes a la embajada es abriendo una causa”.

Es la posibilidad de saber de qué se trata lo que yo no sé de qué se trata”, argumentó.

Por su parte, Alcaraz indicó a la misma emisora que, al no contar con una denuncia sobre un supuesto soborno que involucre al vicepresidente, la pesquisa tiene como punto de partida las declaraciones de Ostfield.

Igualmente, confirmó que formularon el lunes un “requerimiento de cooperación jurídica” a EE.UU. basado en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

El pasado 12 de agosto, Estados Unidos acusó a Velázquez y a Juan Carlos Duarte, ahora exasesor de la entidad binacional Yacyretá (EBY), de participar “en actos de corrupción significativos”, entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia en procesos públicos.

Ostfield afirmó entonces en una conferencia de prensa en Asunción que Duarte, a pedido del vicepresidente Velázquez, “ofreció un soborno de más de un millón de dólares” a un funcionario público, con la presunta intención de “obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”.