Barranquilla pasó de celebrar las cifras del DNP a cuestionarlas
En 2017 el actual alcalde distrital, Jaime Pumarejo elogió las finanzas de la ciudad, mientras que ahora pide su revisión.
Después de que La W publicara el detalle del informe de desempeño fiscal presentado por el Departamento Nacional de Planeación- DNP correspondiente a la vigencia 2021, en el que se evidencia la crítica situación que enfrenta la capital del Atlántico en materia financiera, la administración Distrital se pronunció a través de un comunicado.
De acuerdo con las autoridades, que hacen énfasis en indicadores que agrupan el Índice de Desempeño Fiscal en el que Barranquilla ocupa el lugar número 16 entre las 32 capitales, quedando demostrado su riesgo de sostenibilidad financiera, se pidió su revisión ante el DNP.
Sin embargo, pese a que la Secretaría de Hacienda del Distrito tomó esa determinación, en 2017 el actual mandatario de la ciudad celebró sin cuestionamientos el informe que para ese momento incluyó a la capital del Atlántico entre las 3 mejores ciudades del país, con un puntaje de 81.02, cifra que toma distancia de la presente (56,47) en un periodo de 5 años.
Aunque el informe del DNP fue objetado por el Distrito, es el mismo marco fiscal de mediano plazo de la Alcaldía el que evidencia el endeudamiento de la ciudad, que hasta el año 2023 muestra que los intereses que abona la ciudad para el pago del servicio de la deuda casi duplica el aporte al capital.
Adicionalmente, en lo que tiene que ver con el déficit de la tesorería, en el informe de Viabilidad Fiscal, correspondiente al periodo 2021, es el Ministerio de Hacienda el que solicita que se atienda el riesgo financiero particularmente asociado al sector descentralizado de la Alcaldía de Barranquilla por tener una deuda hasta 3 veces mayor a sus ingresos.
En este punto, es la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI el establecimiento de mayor impacto, concentrando en el sector cerca del 30% de la deuda pública alcanzando niveles similares a los del distrito.
Por esta razón, se pidió monitorear los “riesgos asociados a la situación financiera del sector descentralizado, y particularmente de EDUBAR S.A. y la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI)”.