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Por “estudiantes fantasmas”, Procuraduría destituyó al exalcalde de Buenaventura

Se trata de Bartolo Valencia Ramos, quien por irregularidades en el manejo de recursos generó un detrimento patrimonial por $2.088′900.000.

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa.

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa. / COLPRENSA

La W conoció en primicia que por el caso de ‘estudiantes fantasmas’, la Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por 10 años al exalcalde de Buenaventura, Valle del Cauca, Bartolo Valencia Ramos, quien se desempeñó en el cargo entre (2012-2015), por irregularidades en el manejo de recursos del sector de la educación destinados a los niños, niñas y adolescentes de Buenaventura.

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El ente de control demostró que incluyó en el Banco de Oferentes al Centro Docente ‘Ana Victoria’, haciéndolo elegible para contratar servicios educativos, y posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos más, a pesar de incumplir los requisitos de: reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura.

Como un segundo cargo, la Procuraduría evidenció que durante los años 2014 y 2015, Valencia Ramos destinó $3.492′000.000 del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes, de los cuales, según la investigación de firmas auditoras contratadas por el Ministerio de Educación, 2.321 alumnos eran inexistentes, lo que generó un detrimento patrimonial por $2.088′900.000.

“En el uso de los dineros del sistema general de participación para educación estaban involucrados tanto el interés público como recursos públicos, y por su cargo de primera autoridad de contratación del Distrito debía propender por verificar dicho interés público y respetar el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa”, dice el fallo.

“Con estas conductas, el exfuncionario incurrió en falta gravísima a título de culpa gravísima por desconocer el principio de responsabilidad de la contratación estatal y manejar irregularmente dineros que debían ser destinados a la prestación de un servicio educativo con calidad”.

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