JEP revela que militares condenados por masacre de 17 personas siguen libres

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del coronel Germán David Lamilla (procesado), el capitán César Romero Pradilla (condenado), y el teniente retirado Johan Jiménez Valencia (condenado), por la llamada masacre de Santo Domingo ocurrida en 1998, en la que participaron lanzando una bomba desde una aeronave de la Fuerza Aérea cerca de esa población en Arauca (en medio de combates con las Farc) y mataron a 17 personas (entre ellos niños) y otros 21 pobladores resultaron heridos.

La determinación adoptada por los magistrados obedeció a que ninguno de los tres oficiales entregó verdad sobre lo ocurrido y al contrario de asumir responsabilidad o si quiera pronunciarse, no acataron la orden de la jurisdicción y no indicaron cuál aporte a la verdad harían sobre esos hechos. Incluso uno de ellos respondió que no le interesaba comparecer ante la JEP.

“...el omitir y no acatar los requerimientos realizados por la JEP constituye una conducta reprochable, en particular si se considera que los comparecientes en su calidad de servidores públicos, y al ostentar altos rangos dentro de las Fuerza Aérea, deberían ser un ejemplo en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la ley” sentenciaron los magistrados.

Pero lo más grave, de acuerdo con lo revelado por la jurisdicción, es que, tras la condena proferida en contra de dos de los oficiales, de manera inexplicable siguen en libertad porque ni la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ni el Juzgado 23 de Ejecución de Penas de Bogotá han ordenado o materializado su captura inmediata luego del fallo de segunda instancia en 2011, tras la matanza de la que fueron declarados responsables. El estado también fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre.

“...el Juzgado 23 de Ejecución de Penas de Bogotá, en virtud de las obligaciones, entre estas la de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tenía la obligación de garantizar el cumplimiento de la sanción impuesta a los comparecientes, considerando, además, que los hechos por los cuales fueron condenados constituyen un crimen de guerra” señala la jurisdicción.

Por lo anterior, la jurisdicción hizo un llamado a ese juzgado para que se pronuncie sobre la situación jurídica de los exmilitares, al tratarse de “crímenes de guerra”.

“...pese a que tienen en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada, los señores PRADILLA ROMERO y JIMÉNEZ VALENCIA se encuentran en libertad; situación que configuraría, una vez devuelto el proceso al juzgado precitado, una vulneración del derecho a la justicia de las víctimas, el cual también implica el derecho a garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales” señaló el Tribunal de Paz.

Por otra parte, la jurisdicción vinculó de forma forzosa al general en retiro Sergio Andrés Garzón, quien también participó en la desastrosa operación militar y no se ha sometido a la JEP. El laureado oficial actualmente es investigado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según los jueces “por su calidad de agente del Estado miembro de la fuerza pública, e investigado por hechos que tienen conexidad con el conflicto armado no internacional, debe comparecer obligatoriamente a la JEP, en tanto que esta se constituye en el juez natural respecto de aquellas personas sobre las que debe ejercer su competencia prevalente”.