Líderes sociales denuncian 5 años de persecución judicial
La líder social Milena Quiroz aseguró en Sigue La W que su trabajo consiste en el liderazgo social, pero “desafortunadamente la Fiscalía tercera especializada nos quiere vincular con grupos guerrilleros”.
Imagen de referencia de proceso judicial. Foto: Getty Images. / Tetra Images
En entrevista con Sigue La W, la líder social y defensora de derechos humanos Milena Quiroz denunció una presunta persecución judicial desde hace 5 años por su participación en protestas sociales.
La Fiscalía acusa a Quiroz y a otros 11 líderes sociales de rebelión y concierto para delinquir, entre otras cosas, por presuntamente estar al servicio del grupo guerrillero del ELN. No obstante, la defensa de los habitantes del sur de Bolívar asegura que no han tenido acceso al expediente ni a las pruebas con las que se les acusa. De igual forma, denuncian que el proceso penal ha sido aplazado en 17 ocasiones.
Según comentó Quiroz Jiménez, las capturas se dieron en 2017, pero según el expediente, las investigaciones venían desde 2015.
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En cuanto a su labor en el territorio, dejó claro que el trabajo que realiza en el sur de Bolívar es el liderazgo social y de defensa de derechos sociales por las comunidades más vulnerables del país. “Desafortunadamente la Fiscalía tercera especializada nos quiere vincular con esos grupos guerrilleros, pero nuestro trabajo es social, nada tiene que ver el trabajo que hacemos con los cargos que nos quiere endilgar”.
De igual forma, hizo énfasis en que “el descubrimiento probatorio se presenta después de la audiencia de imputación de cargos, el equipo de la defensa revisó una a una las páginas de ese material y es irregular. A partir de ahí iniciaron una serie de acciones para solicitar las pruebas de los supuestos testigos que aparecen en ese proceso”.
Por su parte, Jorge Molano, abogado defensor, dejó claro que “desde los inicios de este proceso las audiencias vienen siendo objeto de observación por la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como por organizaciones internacionales. Hemos acudido ante las diferentes autoridades para permitir conocer a los testigos”.
Asimismo, resaltó que el proceso ya debería haber concluido. “Lo que hemos encontrado es que en la sola audiencia preparatoria hemos ocupado cuatro años y cinco meses (…) es inadmisible que en un Estado de derecho a una persona se le someta a un proceso de manera indefinida”.
Por último, dijo que “le hemos implorado al juez que ya es hora de que se concluya esta fase que suena más a una venganza. Lo único que están causando es daño a su imagen, a su nombre, a su dignidad y a su inocencia”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
