JEP: señalan a Luis Alfredo Ramos de reuniones con “paras” sobre “limpieza social”

La W conoció el testimonio entregado por el sargento del Ejército Jorge Eliécer Valle, adscrito en el pasado a la Agrupación de Fuerzas Especiales en Medellín (AFEUR), quien salpicó ante la JEP al exgobernador de Antioquia, exsenador y condenado por paramilitarismo Luis Alfredo Ramos, señalándolo de reunirse con paramilitares para tratar asuntos de “limpieza social” como por ejemplo en 2005, en el municipio de Copacabana, donde se abordó la necesidad de “limpiar” el territorio.

Pero, además, W Radio también tuvo acceso por medio de fuentes en la JEP al documento de observaciones de la Procuraduría sobre los falsos positivos perpetrados por las Fuerzas Especiales en Medellín, en donde también se reproduce el relato del sargento y la mencionada reunión, donde el sargento participó por orden del coronel Beismarck Salamanca y estuvieron paramilitares como ‘Ernesto Báez’ y otros como ‘Carlos Pesebre’.

“Ahí estuvo Báez, estuvo Albeiro, dijeron va a llegar el doctor, ahí fue donde estuvo el doctor Ramos, el doctor Ramos no se acordará de mí, porque eso fue una reunión que cuadraron para poder eso que iban haciendo limpieza en Medellín, ese día estuvo Ernesto Báez, estuvieron un poco de paramilitares con quienes me reuní”, señala el relato del compareciente, conocido por La W.

Según el sargento Valle, vio charlar durante el encuentro al exsenador Luis Alfredo Ramos con distintas personas entre ellos el propietario de la empresa de transporte intermunicipal La Bellanita, Hugo Albeiro Quintero, también sentenciado por paramilitarismo (empresa que según el coronel Diego Padilla daba recursos de transporte al general Mario Montoya).

“Estaba con Albeiro, hablando, y yo por allá y fue cuando me tocaron el tema (...) Albeiro era, él estuvo preso por paramilitarismo, es el dueño o era el dueño de transportes La Bellanita”, detalló ante la jurisdicción.

Incluso, el compareciente se refirió a detalles de ese encuentro, en el que según lo que recuerda, se habló de “la limpieza, de los barrios que nosotros no pudiéramos subir, que estuviéramos pendientes de apoyar a la gente que estaba limpiando las comunas” manifestó. De acuerdo con Valle, el haber hablado en contra de Ramos y otros asistentes a ese encuentro le produjo serias amenazas.

Adicionalmente y ante esos testimonios, en el documento de la Procuraduría, el ministerio público en su escrito expresó que los jueces deben ahondar en la relación de la llamada “limpieza social” con los falsos positivos en Medellín, debido a que varios comparecientes adscritos a las Fuerzas Especiales en la capital antioqueña han señalado la perpetración de esos crímenes en el marco de esa “limpieza”. Incluso, el ministerio público pidió evaluar que se endilgue la conducta de desaparición forzada porque se destruían los documentos de las víctimas.

Continuando con el relato del sargento Valle, el suboficial señaló a una abogada de nombre Blanca Bohórquez, adscrita, según él, a la Defensoría Militar (Demil) de haber ejercido presiones en su contra y querer alterar su relato ante la justicia desde un principio. Según Valle, la abogada lo visitó en su celda para sugerirle que se abstuviera de hablar de ciertas personas cuando los delató ante la Fiscalía.

“Cuando yo empecé el proceso con la doctora Bohórquez, ella trató de que yo no fuera a aceptar los cargos y que no involucrara a tal persona, que no hablara de tal persona, yo lo tengo muy claro y sé que ella fue al centro de reclusión donde yo estaba y me habló de ese caso, me dijo: usted no puede decir eso, vamos a pelear y yo le dije no, yo voy a decir la verdad”, afirmó ante los jueces.

Es más, como conclusión, el compareciente Valle afirmó ante los magistrados que cuando ya había entrado en vigencia la JEP otro abogado adscrito al Fondo de Defensa Técnica para Militares (Fondetec) no quiso presentarle su solicitud de sometimiento y enfatizó “no me pareció bueno lo que me quiso decir con respecto al proceso que yo llevo, entonces pues uno se pone a preguntar, FONDETEC no es una buena defensa”.

W Radio consultó a Fondetec, quienes respondieron que el compareciente Valle nunca ha sido usuario de ese Fondo de Defensa para militares.

Finalmente, el sargento Valle narró que una de sus víctimas, el joven Luis Bernardo Álvarez, al darse cuenta que se lo llevaron para matarlo, le empezó a escribir una carta a su mamá la cual después del homicidio fue destruida por los mismos soldados. “Pido que Dios me perdone” enfatizó.

2. Procuraduría pide que la JEP cite a dos generales “salpicados”

En el documento de observaciones del ministerio público sobre los falsos positivos de las Fuerzas Especiales de Medellín y tras las confesiones de excomandantes como el mayor (r) Hernando García, la Procuraduría pidió que se cite a declarar al general Edgar Ferruccio García Coppola, excomandante de la Fuerza de Tarea Júpiter en Caquetá, por cuenta de que supuestamente conocía los llamados “kits de legalización” (armas y ropa) para colocarle a las víctimas.

Según el mayor García, el general Coppola en una reunión le dijo que lo que necesitaba era conseguirse unos buenos “para rayos”, como nominaba el general, según García, los “kits de legalización.

“Vale la pena escuchar el relato del militar Edgar Ferrucio Correa Coppola, sindicado por Hernando García García como quien le contó sobre la utilidad de utilizar el kit de legalización o “para rayos” sentenció el ministerio público.

Pero además, la Procuraduría en su escrito de observaciones también solicitó llamar a declarar al excomandante de la Brigada 30 del Ejército, general (r) Marcos Evangelista Pinto (quien es compareciente por falsos positivos en el Huila), luego de que el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, imputado como uno de los máximos responsable en el Catatumbo, señalara ante la JEP por la investigación en Antioquia, que el general Pinto en 2005 ya sabía de esa práctica cuando comandaba el Batallón Atanasio Girardot.

“El comandante de la Cuarta Brigada era en ese momento Rodríguez Clavijo. Pinto le dice a Herrera según su relato: “mi coronel estoy mamado, estresado, esto es terrible lo que está sucediendo acá (…) acá los soldados tienen kits para legalizar la gente, guantes de cirugía, armas, listos para matar”, fue el testimonio de Herrera Fajardo ante la JEP, recogido por el ministerio público.

En relación con funcionarios de la Justicia Penal Militar y el Gaula que han sido señalados por los comparecientes como conocedores y encubridores del fenómeno criminal, la Procuraduría pidió localizar y citar a la juez penal militar Adriana Lizarazo, señalada por comparecientes como el sargento Jorge Valle de tener una relación afectiva con el coronel (r) Beismarck Salamanca Nempeque, por lo cual le encubría los crímenes según Valle.

“Ella era muy allegada a la agrupación, tenía una razón que a uno como hombre le queda como maluco, sí, pero yo aquí estamos en una situación de esclarecer muchas cosas, pero ella tenía una relación sentimental con el comandante del Batallón. Ella tenía una relación con el coronel Salamanca cuando yo estuve ahí”, fue el testimonio de Valle ante la JEP.

En el mismo sentido se pronunció sobre una asesora jurídica del Gaula Militar de Antioquia llamada Luz Mary Quiceno, y una abogada del despacho de la juez Lizarazo llamada ‘Jenny’, quien fue directamente señalada también como partícipe del fenómeno criminal.

Adicionalmente, la Procuraduría en el escrito conocido por W Radio solicitó indagar por los recursos entregados por Metroseguridad a la Agrupación de Fuerzas Especiales, los cuales en algunos casos terminaron siendo usados para la comisión de esos crímenes; el ministerio público también pidió investigar el papel del DAS, CTI y Fiscalía en la perpetración y encubrimiento de esos homicidios.

Finalmente, el ministerio público sentenció una vez más que la Seguridad Democrática del gobierno Uribe privilegiaba el “body counting” (conteo de cuerpos) y no adelantó medidas de control suficientes para evitar que esos crímenes de guerra se presentaran.