Comisión de la Verdad pide restituir tierras a indígenas víctimas de despojo

La Comisión de la Verdad presentó su capítulo del Informe Final relacionado con las afectaciones a los pueblos étnicos durante el conflicto armado, basando su estudio en más de 3.800 entrevistas realizadas a miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y gitanos, así como de otra índole, y concluyendo que la violencia en su contra llevó a muchos de sus pueblos a la desaparición.

Entre los hallazgos de la Comisión se encuentra que, por ejemplo, la violencia contra esas comunidades comenzó mucho antes del conflicto, remontándose incluso a la violencia por la colonización y un “racismo estructural” que se mantiene en muchas esferas, donde estas poblaciones son vulneradas y desvalorizadas.

En relación con las recomendaciones del volumen de más de 600 páginas, la Comisión solicitó que el próximo gobierno garantice el cumplimiento del Acuerdo de Paz, pero por sobre todo que se avance en la restitución de tierras de varias comunidades que a lo largo de los años de la confrontación fueron desplazadas forzosamente y sus predios despojados.

“Avanzar en el programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak y del pueblo Embera Katío del Alto San Jorge, Resguardo Cañaveral, así como del territorio de los consejos comunitarios del Alto Mira y Frontera, Curvaradó y Jiguamiandó” señala el capítulo del Informe Final.

De manera muy similar, el ente transicional le solicitó al gobierno, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se introduzcan políticas sobre 17 territorios identificados por la Comisión, los cuales han sido usados indistintamente por los grupos armados para el tráfico de drogas y asentamiento, atropellando frontalmente la paz de las comunidades.

Entre los territorios sobre los que la Comisión le pide al gobierno que lleve desarrollo urgente se encuentran el corredor Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, Corredor de San Jacinto, Corredor Serranía del Darién, Sur de Nariño, y otros 13 lugares en los que piden especial atención por parte del ejecutivo.

“Debe realizarse en articulación con planes existentes que fortalezcan la gobernanza comunitaria, el acceso a bienes y servicios y la recuperación económica y de los territorios afectados por la ocupación permanente y disputa de los grupos armados. Son 17 territorios usados por los grupos como zonas de retaguardia, en zonas de frontera, para el desarrollo de economías de extorsión u otras rentas ilícitas” señaló la Comisionada Patricia Tobón Yagarí.

Asimismo, la Comisión de la Verdad pidió que se brinden mayores garantías a los excombatientes de las Farc y que en el país haya un apropiamiento de la memoria del conflicto armado interno, así como visibilizar los crímenes sufridos por miembros de esas poblaciones y a la vez de la comunidad LGBTIQ+. También, solicitaron que el sistema educativo viva una transformación profunda que permita “educar personas” que respeten las diferencias.

Algunos de los crueles relatos recogidos por la Comisión en diálogo con las comunidades étnicas en el mencionado capítulo detallan por ejemplo la marcación con hierro en el cuerpo de una mujer por parte de los paramilitares para identificarla como su esclava sexual. Adicionalmente, los casos de niñas indígenas reclutadas por las Farc y el fusilamiento de niños y jóvenes que quisieron desertar de sus filas.