Conductores de buses en Barranquilla reclaman garantías de seguridad
Algunas empresas permanecen en paro parcial por los asesinatos registrados desde la semana pasada.
Conductores de buses en Barranquilla reclaman garantías de seguridad
La situación que ya deja 3 conductores de buses de transporte público asesinados en el área metropolitana de Barranquilla mantiene en alerta al sector ya que, pese a las medidas anunciadas por las autoridades, los episodios violentos no se detienen.
En declaraciones a La W, el gerente de la empresa Transmecar, David García, misma entidad a la que pertenecía la última víctima mortal de los atentados, aseguró que estos atentados contra las organizaciones de transporte son reiterativos.
“Esta es una situación que data de años anteriores en los que las autoridades no han tomado las cartas como tiene que ser, de forma contundente contra la delincuencia (…) esto lo vivimos desde el 2013. El año pasado lo vivimos en octubre también. Ahora se nos presenta con el agravante que son 3 los conductores asesinados y a lo largo del tiempo son más de 20 conductores que han sido asesinados”, aseguró García.
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De la misma manera afirmó que son más de 30 los conductores que han resultado heridos por los atentados de los grupos criminales en los últimos años.
“Pedimos a las autoridades que verdaderamente se haga un trabajo con los conductores y con las empresas de transportes a fin de que terminemos con este tema de estos delincuentes que desde la cárcel prácticamente reinan en la ciudad”, aseveró el gerente de la empresa.
Por los episodios violentos, que obedecerían a extorsiones y órdenes de miembros del grupo criminal denominado los ‘Rastrojos Costeños’, también se han reportado bloqueos de vías en diferentes puntos de la ciudad.
Por su parte, desde tempranas horas del día desde la Alcaldía de Barranquilla aseguraron que el Ejército y la Policía acompañarán a los conductores, además de controles dinámicos, registro de vehículos y contacto permanente con uniformados.
La recompensa por información que permita la identificación y captura de los responsables de los asesinatos, asciende a 100 millones de pesos.