Magistrada pide a la Corte Suprema abrir investigación formal contra Piedad Córdoba
La decisión se basa, entre otros documentos, en una vieja denuncia del senador Roy Barreras, hoy copartidario de Piedad Córdoba.
Colombia
La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tomó una decisión sobre el caso de la senadora Piedad Córdoba.
El auto de apertura de instrucción por la comisión de tres presuntos delitos está fechado el 22 de julio de 2022.
Hay una curiosidad: el auto contra Piedad Córdoba está basado, en parte, en una vieja denuncia de Roy Barreras, hoy copartidario de la senadora y quien esta semana viajó expresamente a Medellín para posesionarla de su cargo en el Senado, dado que está hospitalizada en la capital antioqueña.
Además de la denuncia de Roy Barreras, la magistrada Cristina Lombana cita otras denuncias contra Piedad Córdoba como la del exrepresentante uribista Augusto Posada. También señala otra de un hombre llamado Gustavo Adolfo Muñoz, quien estuvo detrás de testigos falsos en varios expedientes incluyendo el proceso contra el exdiputado Sigifredo López, el iniciado contra el senador Luis Fernando Velasco y el de la representante Gema López.
Los tres casos se cayeron porque se probó que los testigos eran falsos y en los tres estaba detrás de ellos el señor Gustavo Adolfo Muñoz, quien hace un tiempo se presentaba como “defensor de los héroes de la patria acusados de falsos positivos”.
Sobre Piedad Córdoba:
Muñoz Roa ha sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por falso testimonio, fraude procesal para inducir a error a servidor público, falsa denuncia y calumnia.
Hay mucha afirmación endeble en el auto de instrucción contra Piedad Córdoba. Por ejemplo, le reprocha que le haya pedido al entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que excluyera a las Farc del listado de organizaciones terroristas. Algo que puede ser discutible políticamente, pero que no es un hecho delictivo.
También menciona como causa de la apertura una cita en la denuncia de Augusto Posada en la que la sindica a Piedad Córdoba de “abrazarse al proyecto chavista y reprobar con desmesura al presidente (Álvaro) Uribe”. Nuevamente, se trata de una expresión que le puede parecer mal a mucha gente, pero que no está tipificada como delito.
En otro aparte del auto de instrucción, la magistrada Lombana afirma que, en una emisión del programa Aló Presidente desde Nicaragua, “tras los ataques de los presidentes (Daniel) Ortega y (Hugo) Chávez en contra del Gobierno de Colombia, fue vista aplaudiendo”. Tal vez sea la primera vez que aplaudir sea un motivo para abrir una instrucción penal.
Otros apartes del auto de instrucción parecen tener más solidez.
Menciona la relación de Piedad Córdoba con Alex Saab, hoy detenido en Estados Unidos y asegura que “Juan Luis y Camilo Castro Córdoba –hijos de la senadora– habrían sido delegados por ella, para el manejo de sus negocios con Alex Saab”.
El auto también menciona la presunta financiación que la senadora Piedad Córdoba recibió de Carlos Balilla Batisttini Samudio, otro cuestionado empresario colombo-venezolano que ha sido mencionado en investigaciones internacionales por sus relaciones con Alex Saab.
La magistrada Lombana cita el testimonio de Andrés Alberto Vásquez Moreno, quien fuera asesor de la senadora. Él afirmó ante la Corte Suprema que Piedad Córdoba usó los nombres de ‘Teodora’ y ‘Gaitana’ para identificarse en sus comunicaciones con miembros de las Farc.
Vásquez declaró sobre las prebendas que, según su testimonio, recibía la senadora del gobierno venezolano que incluían tres suites a su disposición en el Hotel Meliá de Caracas y el uso de aviones de la estatal petrolera PDVSA.
El antiguo asesor legislativo Vásquez también afirma que Piedad Córdoba usó las liberaciones de secuestrados para beneficiarse políticamente y que recomendaba que algunos de ellos, como Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, no fueran liberados entre los primeros.
Esto porque, si permanecían en cautiverio, los gobiernos de Francia y Estados Unidos mantendrían su interés en el llamado “canje de prisioneros” con las Farc.
Asegura Vásquez que “la senadora recibía comisiones que le entregaban en efectivo en su residencia –a Teresa y Cristina Castro, sobrinas del exesposo de la senadora– previa instrucción de la investigada”.
Según el antiguo asesor de Piedad Córdoba, “ella habitualmente maneja dinero en efectivo, todo lo mantiene en la cartera llena de plata y si ella transportaba dinero que le daban personas en Venezuela y en otras partes”.
Otros testimonios citados en el auto de apertura de instrucción son los de Ricardo Montenegro, también miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Piedad Córdoba, Nilton Polanco, presunto intermediario de pagos y Víctor Tomnyuk, un ucraniano que asegura que se infiltró en las Farc y que el Frente 30 le dio apoyo económico a la senadora Córdoba. ¿Cuánto y cuándo? No hay ninguna precisión por parte del testigo ucraniano.
La magistrada Cristina Lombana también menciona en el auto la existencia de dos informes periciales que evidencian incremento patrimonial no justificado de varios familiares de Piedad Córdoba.
Concluye la magistrada que hay razones suficientes para abrir investigación penal contra la senadora Piedad Córdoba por haber cometido presuntamente los delitos de rebelión agravada, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.
Bonus track
El lunes 1 de agosto tendremos en El Reporte Coronell al senador Robert ‘Bob’ Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Por primera vez, un miembro del legislativo de Estados Unidos habla sobre los cambios políticos en Colombia.
El senador Menéndez responderá preguntas sobre la elección de Gustavo Petro, las relaciones entre los dos países y la iniciativa de sus colegas Marco Rubio y Ted Cruz para volver a incluir a las Farc en el listado de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos. El lunes, aquí en La W.
