Militares en Dabeiba mataron hasta compañeros para que no los delataran: JEP
En la cruda imputación de la jurisdicción, se concluyó que hasta el momento un total de 46 cuerpos de víctimas de ese crimen de guerra han sido recuperados.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos contra un total de 10 militares por la comisión de al menos 46 falsos positivos en el municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, entre 1997 y 2005.
Entre los detalles de la imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad, la JEP encontró que la organización criminal que imperó en el Batallón Contraguerrillas 79 en esa zona de Antioquia, llegó a atentar contra la vida de sus propios compañeros para intimidarlos y que no confesaran a las autoridades el asesinato de los civiles.
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“El subteniente Jesús Javier Suárez Caro fue víctima de un atentado que le costó la vida por parte de sus propias tropas, en el marco de una situación de combate y siendo uno de los propósitos del comandante generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli.
Además, se detallaron los vínculos que tuvieron los militares (y hasta los comandantes de Batallón) con grupos paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, en casos como el homicidio de Jhon Jarvi Cañas Cano, ordenado por el coronel David Guzmán según la JEP, y para el que los “paras” entregaron intendencia para colocarle. Su cuerpo fue llevado al municipio de Carepa (Antioquia).
“El comandante del batallón, entonces mayor David Herley Guzmán Ramirez organizó el retén, disparó contra la víctima y supervisó a sus subalternos para que vistieran al cadáver. Los grupos paramilitares del Frente Dabeiba aportaron los pertrechos militares para falsear la escena del crimen”, leyó el magistrado Ramelli.
Adicional a los diez imputados como máximos responsables de la organización criminal que se estableció en el Batallón Contraguerrillas 79, un coronel, dos sargentos, once soldados y un intendente de la Policía Nacional, fueron enviados a la Sala de Definición de la JEP, para que resuelva su situación jurídica como participantes.