ONU respaldó propuesta del gobierno electo de Petro sobre la “paz total”

La Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos reveló el informe anual de violencia en el país, en el que alertó que desde la firma del Acuerdo de Paz un total de 584 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, y solamente en lo que va del año se han confirmado 22 casos de las 114 denuncias que han recibido a la fecha.

De acuerdo con el documento de la Oficina comandada por la representante Juliette de Rivero, un total de 156 municipios en el país, predominantemente en departamentos como Nariño y Cauca, se encuentran gravemente afectados y presentan un riesgo alto por cuenta de la violencia.

Asimismo, revelaron que el número de masacres en la Nación ha aumentado un 200% desde el 2016 (con predominancia en departamentos como Nariño y Cauca), que solo el año pasado se contaron en 100 las denuncias con un total de 305 víctimas mortales, y solamente en lo que va del 2022 han documentado 33 matanzas con 108 víctimas.

“Aunque la mayor parte de víctimas directas de las masacres sean hombres, las mujeres, niñas, niños y adolescentes son fuertemente afectados por el impacto psicológico y económico de esta forma de violencia. En muchos casos, las mujeres son quienes buscan justicia”, señala el informe de Naciones Unidas.

También, expresaron su preocupación por “la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por la violencia” y la utilización de ese crimen para generar zozobra y “controlar las comunidades”.

Asimismo, la representante de Naciones Unidas, Juliette de Rivero, respaldó la llamada “paz total” que propone el gobierno electo de Gustavo Petro y señaló que el gobierno saliente de Iván Duque queda en deuda en asuntos relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

“En los últimos dos años hemos visto afectaciones en los derechos humanos y una expansión de los actores armados, y tiene un efecto devastador en los territorios y esto se debe a la falta de implementación del Acuerdo de Paz y una política de desmantelamiento sobre la cual el estado y el gobierno hubieran podido avanzar”, afirmó de Rivero.

Adicionalmente, desde la ONU se alertó que hay zonas en el país como La Cordillera en Nariño, donde los amos y señores del territorio son los grupos armados, que incluso exigen a la gente que tiene que estar “carnetizada” y presentar certificaciones de no padecer alguna enfermedad de tipo sexual.