Gremios instan al Gobierno adjudicar APP del Canal del Dique; comunidades se oponen

A través de una extensa carta pública, el Consejo Gremial de Bolívar instó al Gobierno Nacional saliente a cumplir con los plazos establecidos en el cronograma y proceder con la adjudicación de la APP del Canal del Dique.

La petición de los gremios bolivarenses llega tras la solicitud que hizo el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro al actual presidente Iván Duque de no adjudicar el billonario megaproyecto.

La APP Canal de Dique tendrá inversiones por el orden de los $3,1 billones e impactará ocho municipios del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez municipios de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un municipio de Sucre (San Onofre). Para la constitución de la APP el Gobierno solo recibió una propuesta.

“Si la propuesta recibida cumple con todos los requisitos de ley, instamos al Gobierno a cumplir con los plazos establecidos en el cronograma y proceder con la adjudicación. La implementación de la APP Canal del Dique traerá importantes beneficios sociales, ambientales y económicos a las comunidades aledañas. El proyecto beneficiará a 1.5 millones de personas”, se lee en un apartado de la carta.

Sobre este tema, La W conversó con Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar; y con Adil Meléndez, uno de los líderes de las comunidades que se oponen a que el gobierno saliente adjudique el proyecto.

Según Oliveros, que el presidente Duque adjudique antes de salir no se trata de una adjudicación a las carreras “porque este es un proyecto que lleva mucho tiempo, empezó en el gobierno Santos a raíz de las inundaciones y ha cumplido con todo un principio de planeación por parte del Estado y por eso no es tan cierto decir que se va a firmar a última hora cuando ha habido todo un trabajo con antelación”.

Meléndez coincidió con Oliveros en que este es un proyecto necesario e importante para la restauración ambiental, pero “requiere transparencia y participación ambiental de todas las comunidades que están en el área de influencia del proyecto, porque aquí hay municipios excluidos como Zapayán y Concordia, en el Magdalena, que están río arriba y que en la medida en que se establezca la exclusa en el kilómetro cero de Calamar va a tener impacto río arriba”, señaló.

Consultado sobre la inconveniencia de que el presidente Duque firme el contrato con el único proponente de este billonario proyecto, Oliveros indicó “es un cronograma establecido con antelación. La ANI lo ha venido aplazando por las consultas previas y tomó más tiempo del que se debía tener y también hubiéramos deseado más proponentes, pero esto tiene un cronograma”.