JEP imputó a general y 21 militares por más de 300 falsos positivos en Casanare

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general Henry Torres Escalante y otros 21 militares del Ejército por un total de 303 falsos positivos en el departamento de Casanare entre 2005 y 2008, “producidos” por los soldados adscritos a la Brigada 16 de la institución en esos años.

Además de Torres Escalante, los otros altos oficiales que fueron llamados a aceptar responsabilidad por los crímenes de guerra son los coroneles Wilson Camargo, Marcolino Puerto, Germán Alberto León, Henry Hernán Acosta y Cipriano Peña Chivatá, así como el excomandante del Gaula Militar de Casanare, mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte.

De acuerdo con el magistrado Óscar Parra, el general (r) Henry Torres Escalante además de ser omisivo fue quien “moldeó la organización criminal” que imperó en dicha Brigada, e incluso evitó que militares a su cargo fueran sometidos a polígrafos.

“Él organiza las cosas dentro de la Brigada para que esos resultados fueras masivos, utilizando órdenes implícitas como usted ya sabe que hacer, que fueron manifestadas por los comparecientes ante la jurisdicción. El general retransmitió presiones, que venían desde la comandancia del Ejército al mando del general Montoya”, detalló el magistrado Parra.

Por el lado del DAS, entidad extinta que para la época de los hechos trabajó de la mano con los militares para la producción de bajas irregulares en combate, fue imputado por la JEP el exdirector departamental, Orlando Rivas Tovar, quien fue responsabilizado de dar órdenes que se transformaron en esas ejecuciones, y tuvo participación en 14 hechos con 20 víctimas.

“Orlando Rivas Tovar desempeñó un rol esencial planeando, dando órdenes orientadas a la ejecución de víctimas y encubriendo hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate perpetradas por detectives del DAS seccional Casanare, como satélite de la organización criminal compleja y en red que se desarrolló en la Brigada 16″, señala el escrito de imputación.

Entre las revelaciones que encontró la jurisdicción en la investigación hasta ahora, se encontró que los militares usaron hasta 3 niños para la consecución de víctimas para ser asesinadas, y que la mayoría de “falsos positivos” fueron en su mayoría hombres de 18 a 24 años.

Además, que más de 140 millones de pesos de recursos del Ejército fueron desviados para el pago de falsas recompensas, consecución de armamento y otros elementos para colocarle a los muertos, así como el traslado de los implicados.

“Se describe en detalle una conducta que permeó la Brigada 16 en todos sus niveles, para llevar a cabo ataques organizados y a gran escala con la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate”, señaló el magistrado Óscar Parra.

Asimismo, se señaló que las presiones por los resultados vinieron desde la alta cúpula militar y mandos superiores como el general y comandante de la Cuarta División del Ejército, Guillermo Quiñonez Quiróz. Por ejemplo, en el escrito de imputación se revela cómo tras los resultados (ilegales) del general Henry Torres Escalante, el coronel Peña Chivatá al llegar a la Brigada 16, fue instado por Quiñonez a aumentar las bajas en combate.

Adicionalmente, se indicó que la información en contra del general Mario Montoya, quien ha sido mencionado por varios de los comparecientes como el mayor (r) Soto Bracamonte “continúa siendo evaluada” por los magistrados.

Los militares y el exdirector del DAS, así como los dos “reclutadores” civiles que fueron llamados a reconocer responsabilidad tendrán un término de 30 días para pronunciarse y responder si aceptan su participación en esos crímenes de guerra, o no.