Dos de los militares imputados por JEP en Casanare siguen trabajando en Ejército

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que dos de los 22 militares imputados por falsos positivos en la Brigada 16 en el departamento de Casanare, se encuentran en servicio activo en el Ejército Nacional y continúan laborando en la institución.

Se trata de un oficial y un suboficial. Por un lado, el capitán Miguel Andrés Sierra, quien en su momento cuando tuvo que comparecer se declaró inocente, pero fue imputado como uno de los soldados determinantes en diseminar y desarrollar el patrón criminal.

“Sierra García no solo era consciente de los asesinatos que cometían los hombres a su mando, sino que participó en la planeación y ejecución de estas muertes y en su presentación ilegítima como bajas en combate”, concluyó la jurisdicción.

Es más, de acuerdo con los magistrados el capitán Sierra “ordenó a sus hombres contactar, trasladar y asesinar a personas para luego presentarlas como neutralizadas en combate”, así como la implantación de armas y otros elementos para fortalecer el resultado criminal y le dio, según la JEP, indicaciones a sus subalternos para que declararan de forma amañada ante la Justicia Penal Militar y así encubrir los crímenes.

“Sierra García tenía pues, conocimiento de la ilegalidad de sus actuaciones y de las órdenes que impartió, al tiempo que era consciente del resultado ilegal que pretendía con ellas. En esa perspectiva, Sierra García aportó de manera voluntaria al desarrollo del plan criminal y su contribución fue de tal entidad que, sin ella, el pelotón especial de la unidad no hubiera desempeñado el rol descrito en esta providencia”, concluyó la Sala.

Pero además del capitán Sierra, otro militar imputado por la jurisdicción continúa en servicio activo, se trata del sargento segundo Faiber Amaya Ruiz, el cual de acuerdo con el magistrado Óscar Parra, fue uno de los primeros militares que reconoció responsabilidad, pero sigue vinculado actualmente a la institución.

Según la investigación de la JEP, el sargento Amaya aceptó responsabilidad por 11 homicidios, en los que nueve de las víctimas se reportaron en condición de personas no identificadas. Además, fue uno de los acusadores del general Henry Torres Escalante ante los magistrados.

“...él digamos era muy precavido en sus palabras para no irse a comprometer, pero uno interpretaba ya esas palabras a raíz de lo que uno ya estaba viviendo él no quería verse inmerso en una investigación uno ya lo interpretaba de que las cosas se debían de hacer de manera que se pudiera tapar”, fue una de las confesiones del sargento Amaya.

De acuerdo con los jueces, Amaya en el Gaula Militar de Casanare al mando del mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, contribuyó en el asesinato directo de víctimas, a dar la orden de matarlas, pagar recompensar falsas, así como a elaborar y autenticar “órdenes de operaciones de manera posterior al asesinato de personas que falsamente fueron presentadas como bajas en combate, con miras a facilitar que dichas muertes pasaran como resultados operacionales legítimos”.

La JEP aclaró que la decisión sobre si los militares son retirados o continúan en el Ejército tras la imputación, es potestad exclusiva de la institución castrense, y el capitán y el sargento, cuentan como todos los comparecientes, con 30 días para responder si aceptan o no los cargos que les endilgó la JEP.