Así está “raspando la olla” el Gobierno de Iván Duque

Colombia

Solo faltan 24 días para que el presidente Iván Duque salga finalmente de la Casa de Nariño, pero su Gobierno está dedicado a entregar frenéticamente licitaciones multimillonarias y a comprometer vigencias futuras hasta por ocho años para dejar amarrado al nuevo gobierno.

En esta carrera están, entre otras entidades, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Infraestructura. Las regiones beneficiadas son escogidas por el gobierno Duque, algunas en franco pago de favores políticos en perjuicio de otros departamentos.

Les voy a citar solo algunos ejemplos de lo que vienen haciendo para exprimir la administración hasta la última gota.

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene el acelerador a fondo para adjudicar antes del final del gobierno Duque una licitación de 3.2 billones de pesos para la restauración de los ecosistemas dragados del Canal del Dique.

Las consultas con las comunidades han sido, según algunos, veloces e insuficientes porque el gobierno está jugado para adjudicar la obra estimada en 3.2 billones antes del 7 de agosto.

Solo hay un proponente interesado en la Alianza Público Privada para el Canal del Dique: se trata de la española Sacyr. Un gigante de la construcción al que no siempre le ha ido bien en Colombia. Apenas ayer la Contraloría General de la República vinculó a Sacyr como uno de los presuntos responsables por los daños por 23 mil millones de pesos causados por deficiencias constructivas del puente de Hisgaura, el más alto de Colombia, ubicado en el departamento de Santander.

El cronograma del proceso licitatorio establece que esa licitación debe quedar adjudicada el jueves 4 de agosto, es decir, entregada a Sacyr, antes de que Duque camine por última vez sobre la alfombra roja.

El senador Iván Cepeda ha pedido públicamente que el proceso sea suspendido hasta que pueda ser revisado por el gobierno entrante.

Pero ahí no se acaba el afán.

La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas trabajan a toda máquina para entregar en estos 20 días la concesión de las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas, las mismas que devolvió la empresa Prodeco. El saliente gobierno, de esta manera, quiere dejar amarrado al gobierno de Petro en cuyo programa está la revisión de la política de explotación carbonífera.

A través de una ronda minera buscan entregar la concesión de 15 millones de toneladas de carbón en las dos minas del departamento del Cesar, la adjudicación llega ya con licencia ambiental expedida por la ANLA.

Así mismo, avanza a toda marcha un proyecto del llamado OCAD Caribe por un billón 627 mil millones con los departamentos de Sucre y Bolívar y afectaría las regalías de los próximos cuatro años: 2023, 2024, 2025 y 2026.

Con esa adjudicación quedarían por fuera de las regalías otros departamentos.

Los beneficiados gobernadores de Sucre y Bolívar tienen historias paralelas. El gobernador de Sucre, el liberal Héctor Espinosa Oliver, ha sido un gran aliado del gobierno Duque y logró elegir senadora a su hermana Karina con la cuarta mayor votación liberal del país.

El gobernador de Bolívar, Vicentico Blel, otro gran duquista, logró que su hermana Nadya se convirtiera en senadora con la mayor votación conservadora de Colombia. Por cierto, los votos de Nadya coinciden con los programas del Departamento de Prosperidad Social del presidente Iván Duque.

Sigamos. A través de un documento Conpes, es decir del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el gobierno Duque quiere dejar amarrados cinco billones, con B, respaldados con regalías petroleras futuras que afectarían las vigencias de los próximos ocho años.

Y está muy bien que se hagan obras cuando sean útiles para las comunidades, lo que está mal es que se adjudiquen los recursos a toda carrera para pagar favores políticos y dejar amarrado al gobierno que empieza el próximo 7 de agosto.